La Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación declaró en situación de crisis a la Obra Social del Personal de la Actividad Azucarera Tucumana y a la Obra Social de los Conductores de Taxis de Córdoba, sumando así 14 entidades en esta condición en todo el país. La decisión, oficializada mediante las resoluciones 1755/2025 y 1767/2025, responde a la detección de irregularidades contables, deficiencias administrativas y limitaciones económico-financieras en ambas instituciones.

Según informaron fuentes oficiales, las obras sociales afectadas deberán presentar en un plazo máximo de 15 días un plan de contingencia que incluya medidas correctivas y metas trimestrales para revertir la situación. El cumplimiento de estos planes será monitoreado por el Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación de Agentes del Seguro, que evaluará tanto la documentación presentada como indicadores económicos y la dependencia de subsidios estatales.

El proceso de intervención no se limita a estas dos entidades. En las últimas semanas, la Superintendencia extendió la declaración de crisis a otras obras sociales, como las del Personal de los Hipódromos de Buenos Aires y San Isidro, y la Asociación Mutual Metalúrgica de Villa Constitución. Además, se dispuso el cierre y disolución de la Obra Social del Personal de la Industria Botonera y la eliminación del registro de la Obra Social del Personal Aduanero, reflejando la profundidad de la crisis en el sector.

En Rosario, la situación impacta directamente en unos 20 mil afiliados del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), quienes vieron suspendidas sus prestaciones debido a retrasos en los pagos y a la crisis institucional que atraviesa la entidad.

Desde la Superintendencia, bajo los lineamientos del Ministerio de Salud, se reiteró que el objetivo de estas medidas es fortalecer los mecanismos de fiscalización y garantizar el acceso efectivo a prestaciones sanitarias de calidad. "La gestión de la S.S. Salud tiene como principal objetivo fortalecer el rol fiscalizador del organismo para así garantizar un sistema de salud sustentable que permita el acceso a prestaciones de salud de calidad para la población", señalaron en un comunicado reciente.

Las entidades afectadas tienen la posibilidad de presentar recursos administrativos ante la medida, mientras el Gobierno nacional continúa con su política de reordenamiento y control del sistema de obras sociales, buscando asegurar la transparencia y la sostenibilidad financiera del sector.