El brutal asesinato de César Rodas, de 41 años, ocurrido en una vivienda de Guaymallén, Mendoza, ha conmocionado a la comunidad local y puesto en el centro del debate la efectividad de los controles sobre la prisión domiciliaria. Adriana Suárez, de 40 años, quien cumplía arresto domiciliario por robo agravado, fue detenida e imputada por el homicidio, descuartizamiento y quema de su inquilino, Rodas, en un hecho que la justicia calificó de extrema violencia.

Según la investigación, el crimen se produjo el miércoles por la tarde en la casa de Suárez, ubicada en Dorrego, Guaymallén. La víctima fue golpeada durante aproximadamente cinco horas, luego descuartizada y parte de su cuerpo fue quemada en una parrilla, mientras que otros restos fueron devorados por perros. La policía fue alertada por un familiar de la acusada, quien recibió imágenes del cadáver y notificó a las autoridades.

En su declaración, Suárez alegó que actuó en defensa de una de sus hijas, supuestamente víctima de abuso por parte de Rodas. Sin embargo, el Cuerpo Médico Forense y la Fiscalía de Homicidios descartaron cualquier signo de abuso en las cinco hijas de la acusada, desmintiendo así el móvil inicial del crimen. Las menores, de entre cinco y quince años, fueron internadas para estudios médicos y psicológicos, y su custodia está siendo evaluada por organismos estatales.

La investigación también reveló que Suárez había violado en varias ocasiones la prisión domiciliaria, incluso siendo captada por cámaras de Google Street View fuera de su domicilio. La pareja de Suárez, Marcelo Altamirano, también fue imputada, y se busca a un tercer implicado en el hecho.

El caso ha generado gran preocupación en el barrio Las Cañas, donde vecinos relataron antecedentes de violencia y conflictos en la vivienda. Las autoridades enfatizaron la importancia de no difundir datos de las menores y aseguraron que la investigación continúa para esclarecer todos los detalles y responsabilidades. El hecho reaviva el debate sobre la supervisión de prisiones domiciliarias y la protección de menores en contextos de violencia familiar.