La reciente muerte de dos trabajadores de la salud en la Ciudad de Buenos Aires destapó un circuito ilegal de consumo recreativo de anestésicos hospitalarios, como propofol y fentanilo, robados de hospitales públicos y privados. El caso involucra a médicos y residentes, y ha puesto en evidencia graves fallas en el control y la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo.

Según la investigación, Chantal Leclercq, residente de anestesiología en el Hospital Rivadavia, admitió haber sustraído medicamentos de uso quirúrgico para consumo personal y en reuniones con colegas. "Reconocí haber utilizado medicamentos del hospital y haberlos consumido fuera del ámbito institucional", declaró Leclercq ante la Asociación de Anestesia, que aportó información clave a la fiscalía. La policía allanó dos domicilios vinculados a la residente, donde se incautaron dispositivos electrónicos que podrían ser relevantes para la causa.

Las muertes del anestesista Alejandro Zalazar y el enfermero Eduardo Bentancourt, presuntamente por sobredosis, llevaron a la policía a secuestrar 50 ampollas de propofol y fentanilo en el domicilio de uno de los fallecidos. Estos medicamentos, de uso exclusivo hospitalario, eran utilizados en las denominadas "Propofest", fiestas donde un grupo reducido de profesionales de la salud consumía anestésicos con fines recreativos bajo supervisión médica.

El escándalo ocurre en un contexto de creciente preocupación por el desvío de medicamentos críticos en el sistema de salud argentino. En septiembre de 2025, la ANMAT reforzó la normativa de trazabilidad para garantizar la calidad y seguridad de los fármacos, ampliando el listado de sustancias bajo vigilancia y estableciendo auditorías obligatorias. Sin embargo, la investigación reveló que el control operativo de estos medicamentos recae en los hospitales, lo que deja expuestas debilidades en la cadena de custodia.

El cardiólogo Jorge Tartaglione, consultado por La Nación, advirtió sobre el alto riesgo de muerte asociado al consumo de estas sustancias fuera de un entorno controlado. "Era un grupo de adictos, indudablemente, con mucho riesgo de muerte", afirmó. El caso también reavivó el debate sobre la responsabilidad del Estado y de los establecimientos de salud en la prevención del desvío de medicamentos.

Por el momento, la investigación sigue en curso y no hay imputación formal para Leclercq. El caso ha generado preocupación en el sector sanitario y ha puesto en agenda la necesidad de fortalecer los controles para evitar que medicamentos de alto riesgo lleguen al circuito ilegal y pongan en peligro tanto a profesionales como a pacientes.