El Gobierno argentino denunció la existencia de una red de ciudadanos rusos que, según la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), operaba en Buenos Aires con el objetivo de favorecer los intereses geopolíticos de Moscú. El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien detalló que la investigación identificó a Lev Konstantinovich Andriashvili y su esposa Irina Iakovenko como líderes de la organización, presuntamente vinculada a la entidad “La Compañía” y al “Proyecto Lakhta”, liderado por el fallecido oligarca ruso Yevgeniy Prigozhin.

Según las autoridades, el grupo habría desarrollado campañas de desinformación, influido en organizaciones civiles y recopilado información política para beneficiar a Rusia. Entre las actividades atribuidas se encuentran la creación de contenidos en redes sociales, la realización de focus groups y la obtención de datos sensibles. El gobierno argentino consideró estas acciones una amenaza directa a la seguridad y soberanía nacional.

La embajada rusa respondió rápidamente, desmintiendo categóricamente las acusaciones y exigiendo explicaciones formales a la Cancillería argentina. Moscú calificó la denuncia como infundada y solicitó pruebas concretas.

El caso recuerda antecedentes recientes, como el de los espías Artiom Dultsev y Anna Dultseva, quienes vivieron en Argentina bajo identidades falsas antes de ser detenidos en Eslovenia y posteriormente intercambiados por prisioneros en Rusia. La situación se enmarca en un contexto de creciente migración rusa a Argentina desde la invasión a Ucrania en 2022, facilitada por un acuerdo de exención de visas vigente desde 2009.

En respuesta a la situación, el Gobierno anunció la creación del Departamento Federal de Investigaciones, con el objetivo de reforzar la seguridad nacional y combatir el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico. Las autoridades subrayaron que la protección de la soberanía argentina es prioritaria y que no permitirán la injerencia de ninguna otra nación.

El episodio ha reavivado el debate sobre la política migratoria y la cooperación internacional en materia de seguridad, mientras la investigación continúa y se esperan nuevas definiciones sobre el futuro de los acuerdos bilaterales con Rusia.