El Gobierno nacional confirmó que vetará todas las leyes aprobadas en el Senado que puedan afectar el equilibrio fiscal, incluyendo la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. Así lo aseguró el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien remarcó que el presidente Javier Milei hará uso de la facultad constitucional de veto para cualquier iniciativa que, a juicio del Ejecutivo, ponga en riesgo la política económica basada en el superávit fiscal.

La decisión se produce en medio de un debate interno en el gabinete, luego de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sugiriera públicamente que no se vete la ley de redistribución automática de los ATN. Sturzenegger argumentó que la aprobación de esta norma podría facilitar cambios en la Ley de Coparticipación Federal directamente desde el Congreso, abriendo un nuevo escenario para el federalismo fiscal. “Si el Presidente me consulta, yo le diría que esta no la vete”, expresó el funcionario en una entrevista televisiva.

Sin embargo, la Casa Rosada se mostró inflexible. “Por supuesto que el Presidente la va a vetar, así como todo lo que afecte el equilibrio fiscal, la base sobre la cual se estructura la política económica del Gobierno”, afirmó Francos. El funcionario también destacó que el Gobierno no está de acuerdo con los proyectos impulsados por la oposición y que utilizará todos los mecanismos legales para impedir su avance.

El proyecto de ley, impulsado por 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, busca aumentar la porción de fondos automáticos para las provincias y reducir la discrecionalidad del Ejecutivo en el reparto de los ATN y del impuesto a los combustibles. Según estimaciones técnicas, el costo fiscal de ambas iniciativas sería de 0,11% del PBI, cifra que, según los gobernadores, permitiría cumplir con las metas acordadas con el FMI. No obstante, el Gobierno considera que cualquier incremento en el gasto comprometería el objetivo de superávit fiscal.

El debate reavivó la discusión sobre el federalismo fiscal y la autonomía de las provincias. Mientras Sturzenegger ve la ley como una oportunidad para negociar apoyos en el Congreso, la Casa Rosada insiste en que el equilibrio fiscal es innegociable. El oficialismo, además, busca evitar que la oposición reúna los dos tercios necesarios en Diputados para rechazar el veto presidencial, retrasando el tratamiento de los proyectos.

La controversia refleja las tensiones entre el Gobierno central y las provincias, así como la importancia de la disciplina fiscal en la actual administración. El desenlace de este conflicto podría tener implicancias significativas para el federalismo argentino y la relación entre Nación y provincias en el futuro inmediato.