La Argentina vive horas de máxima tensión política y social ante la inminente decisión de la Corte Suprema sobre la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad. El máximo tribunal debe resolver si confirma la sentencia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, dictada por el Tribunal Oral Federal 2 y ratificada por la Cámara de Casación en 2024, por administración fraudulenta en la adjudicación de obras públicas.

La expectativa por el fallo movilizó a amplios sectores del peronismo y el kirchnerismo, que convocaron a una reunión de urgencia en el Instituto Patria y la sede del Partido Justicialista para definir acciones. "Este no es un problema de Cristina, es un problema de la democracia", señalaron desde el entorno de la ex presidenta, quien anunció su candidatura a legisladora bonaerense días atrás. El Grupo de Puebla, integrado por exmandatarios latinoamericanos, denunció "persecución política" y anticipó que acompañará a Kirchner en reclamos internacionales si se confirma la condena.

En paralelo, sindicatos como la UOM, SMATA y ATE Capital anunciaron que lanzarán un paro nacional en caso de que la Corte ratifique la sentencia. "Defender a Cristina es cuidar la democracia", afirmó Daniel Catalano, de ATE Capital. Otros gremios y movimientos sociales podrían sumarse a las medidas de fuerza, mientras la CGT aún no se pronunció oficialmente.

El fallo de la Corte podría dejar a Kirchner fuera de las próximas elecciones y reactivar causas judiciales y demandas civiles millonarias, incluyendo una por 85.000 millones de pesos. Además, podría tener un efecto dominó sobre otros expedientes vinculados a su gestión. Desde el oficialismo, algunos sostienen que prefieren competir con Kirchner en las urnas, mientras que en el kirchnerismo denuncian una maniobra de proscripción.

La decisión de la Corte Suprema, que podría conocerse en los próximos días, marcará un punto de inflexión en la política argentina y en el futuro judicial de la ex presidenta.