El Senado argentino se encuentra ante una decisión trascendental: la jura de Lorena Villaverde, senadora electa por Río Negro, ha sido impugnada por la oposición debido a presuntos vínculos con el narcotráfico y antecedentes judiciales en el extranjero. Sin embargo, el oficialismo y sus aliados parecen contar con los votos necesarios para permitir su asunción, reavivando el debate sobre los límites constitucionales y la legitimidad de filtrar representantes electos por criterios morales o políticos.

La Comisión de Asuntos Constitucionales recomendó rechazar el diploma de Villaverde, basándose en notas periodísticas y antecedentes judiciales no firmes. No obstante, legisladores como Luis Juez (Pro) sostienen que "Lorena Villaverde no tiene ningún impedimento para asumir, tuvo dificultades procesales que fueron resueltas". Juez enfatizó que la Constitución solo permite rechazar diplomas por irregularidades formales o legales, y no por cuestiones morales: "La discusión moral es dentro de la ley, no estamos eligiendo un Papa".

Villaverde fue detenida en Estados Unidos en 2022, pero la causa fue archivada y no existen reproches judiciales vigentes. Además, no hubo impugnaciones exitosas en su contra durante las elecciones nacionales ni reportes de operaciones sospechosas por parte de la Unidad de Información Financiera. El bloque de La Libertad Avanza, junto a aliados del Pro y otros partidos provinciales, sumarían al menos 34 votos a favor de la jura, superando la mayoría necesaria.

El caso ha generado preocupación en sectores de la UCR y el PJ, que advierten sobre el riesgo institucional de permitir el ingreso de personas con antecedentes dudosos al Congreso. Sin embargo, analistas y juristas recuerdan que la potestad del Congreso para filtrar representantes debe ser ejercida con criterios estrictamente legales, para evitar que mayorías circunstanciales bloqueen el acceso de minorías legítimamente electas.

La sesión decisiva se realizará el viernes, bajo la coordinación de la vicepresidenta Victoria Villarruel. El desenlace marcará un precedente sobre los límites del control parlamentario y la protección de la representación democrática en la Argentina.