Una joven agente voluntaria de la Armada Argentina, Brisa Páez, de 21 años, se encuentra en estado grave tras sufrir una lesión cerebral durante un entrenamiento antidisturbios en una base de la Armada en Vicente López. El incidente, ocurrido el pasado 4 de abril, ha derivado en la detención de nueve militares y una investigación judicial que busca esclarecer los hechos.

Según testigos, Páez cayó de espaldas tras un golpe en su escudo por parte de un instructor, lo que le provocó un fuerte impacto en la cabeza. A pesar de manifestar dolor y dificultad para reincorporarse, los ejercicios continuaron, agravando su estado. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Militar Central, donde permaneció en coma inducido durante una semana debido a convulsiones. Actualmente, aunque sigue en terapia intensiva, ha mostrado signos de mejoría y ya no requiere respirador artificial.

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ordenó allanamientos en la base militar y la detención de nueve militares implicados. Además, se conformó una junta médica externa para evaluar el caso, integrada por el neurólogo Ignacio Previgliano y el titular del Hospital de Campo de Mayo, Alejandro Felice. Los especialistas identificaron lesiones axonales difusas en el cerebro de Páez, descartando versiones iniciales que atribuían el daño a un golpe contra una escalera.

El caso ha generado controversia, ya que testigos y familiares de la joven denunciaron un trato excesivamente brusco hacia ella durante el entrenamiento. Incluso se investiga si una relación previa con uno de los instructores pudo influir en el incidente. La Justicia también analiza posibles encubrimientos y contradicciones en los testimonios de los involucrados.

Brisa Páez tenía solo cuatro meses de instrucción en la Armada y carecía de experiencia en maniobras antidisturbios. Este hecho ha puesto en el centro del debate la seguridad y supervisión en los entrenamientos militares, así como el rol de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna. La jueza Arroyo Salgado tiene un plazo de 10 días para definir la situación procesal de los detenidos, mientras el caso sigue bajo investigación.