La reciente flexibilización de la barrera sanitaria en la Patagonia, dispuesta por la Resolución 460/2025 del SENASA, desató una fuerte controversia entre productores, entidades rurales y autoridades nacionales. La medida, que habilita el ingreso de carne con hueso desde zonas con vacunación contra la fiebre aftosa, fue recibida con repudio por parte del sector ganadero patagónico, que advierte sobre el riesgo de perder el estatus sanitario diferencial que la región mantuvo durante más de dos décadas.

Según denuncian las entidades rurales, la decisión del gobierno nacional se tomó sin la transparencia ni el respaldo internacional prometido. “A los productores patagónicos no solo se nos ha mentido, sino que también se nos ha despojado”, expresaron en un comunicado conjunto. La preocupación principal radica en la posible pérdida de mercados clave como Chile y la Unión Europea, que ya han manifestado su inquietud: Chile suspendió las importaciones de carne y ganado patagónico, mientras que la UE anunció auditorías y revisiones que podrían derivar en restricciones comerciales.

El impacto económico no tardó en sentirse. Productores reportan caídas de hasta el 30% en los precios de la carne y el ternero, y advierten que el mercado local podría saturarse rápidamente, agravando la crisis. “Lo estamos vendiendo a 11.900 pesos y la demanda explotó. Vendimos 85 costillares en un solo día”, relató un comerciante de la región.

En respuesta, legislaturas provinciales como la de Santa Cruz avanzaron con leyes para reforzar los controles fitosanitarios y frenar la aplicación de la medida nacional. Paralelamente, se presentaron recursos judiciales en Viedma y otras ciudades patagónicas.

El gobierno nacional, por su parte, sostiene que la resolución cuenta con el aval de los principales socios comerciales, aunque documentos oficiales de la Unión Europea y Chile contradicen esta versión. Mientras tanto, los productores y entidades rurales exigen la derogación inmediata de la medida y la intervención de los gobernadores patagónicos para defender el estatus sanitario de la región.

El conflicto pone en jaque la sostenibilidad económica y sanitaria de la Patagonia, y abre un debate sobre el equilibrio entre intereses comerciales y la protección de los logros sanitarios alcanzados en las últimas décadas.