El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la pobreza en Argentina cayó al 31,6% en el primer semestre de 2025, el nivel más bajo desde 2018. El gobierno nacional celebró el dato, atribuyéndolo a la implementación de políticas económicas que, según el Ministerio de Capital Humano, permitieron que más de 6,2 millones de personas salieran de la pobreza en el último año. Sin embargo, la cifra oficial fue rápidamente puesta en duda por especialistas, trabajadores del INDEC y organizaciones sociales, quienes advierten sobre la metodología utilizada y la posible subestimación de la pobreza real.

Diversos analistas señalan que la medición oficial se basa en patrones de consumo y gastos de los hogares relevados en 2004-2005, lo que no refleja los cambios en la estructura de consumo ni el impacto de los aumentos de tarifas y servicios en los últimos años. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y la Universidad Católica Argentina (UCA) coinciden en que la falta de actualización de la canasta básica total genera una línea de pobreza artificialmente baja, permitiendo que más hogares aparezcan por encima de la línea de pobreza sin que sus ingresos hayan mejorado significativamente en términos reales.

En los territorios, funcionarios provinciales y municipales reportan un aumento sostenido en la demanda de asistencia alimentaria y situaciones de vulnerabilidad extrema, especialmente en barrios populares y entre adultos mayores, personas con discapacidad y familias afectadas por despidos. En Bahía Blanca, un informe conjunto de la Municipalidad y el CONICET reveló que el 25,6% de la población vive en hogares con pobreza multidimensional intensa o severa, y el 14% enfrenta inseguridad alimentaria.

El Observatorio de la Deuda Social de la UCA advierte que, en contextos de alta volatilidad, la medición de la pobreza por ingresos tiende a ser menos precisa. Además, especialistas como Eduardo Chávez Molina y Claudio Lozano señalan distorsiones en la estimación de ingresos, especialmente entre trabajadores informales, y cuestionan la representatividad de los datos oficiales. "Si hubiera esa baja de la pobreza, no podrían haber perdido una elección por paliza", afirma Chávez Molina, poniendo en duda la correlación entre los datos estadísticos y la realidad social.

A pesar de la mejora en los indicadores oficiales, los expertos coinciden en que la reducción de la pobreza responde más a cambios metodológicos y a la desaceleración de la inflación que a una mejora estructural en los ingresos y condiciones de vida de la población. La discusión sobre la precisión de las mediciones y la necesidad de actualizar los instrumentos estadísticos sigue abierta, mientras la situación en los barrios vulnerables y la demanda de asistencia social continúan en aumento.