El 13 de mayo de 2025, la conductora Fabiana Araujo, cuyo nombre real es Fabiana Constanza Sdrigotti, fue procesada por desobedecer una orden judicial que le prohibía hablar públicamente de su exmarido, Alejandro Diego Pérez Escoda. La medida fue dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 54, que también ordenó un embargo de cinco millones de pesos sobre sus bienes, aunque no se dictó prisión preventiva.

La orden judicial, emitida por el Juzgado Civil N.º 83, prohibía a ambas partes difundir información relacionada con el proceso de violencia familiar en curso. Sin embargo, Araujo dio entrevistas en al menos cinco medios entre el 1 y el 16 de noviembre de 2023, violando explícitamente la restricción. En su defensa, Araujo alegó no haber sido notificada, pero el tribunal determinó que sí tenía conocimiento de la medida, ya que había presentado escritos en el expediente.

El conflicto entre Araujo y Pérez Escoda comenzó tras su divorcio en mayo de 2023, que inicialmente parecía amigable. Sin embargo, la situación se deterioró rápidamente cuando Araujo acusó a su exmarido de maltrato en entrevistas televisivas, lo que llevó a una denuncia por violencia de género. En marzo de 2024, Pérez Escoda fue sobreseído en esa causa, con el juez concluyendo que los hechos denunciados no constituían delito alguno.

En paralelo, la justicia civil había impuesto medidas de restricción de acercamiento mutuo y silencio público para evitar una escalada del conflicto. A pesar de ello, Araujo continuó hablando del caso en medios, lo que llevó a su procesamiento por desobediencia a la autoridad pública. La justicia calificó su conducta como reiterada, lo que podría implicar una pena de entre 15 días y un año, además del embargo económico.

Pérez Escoda, por su parte, optó por mantener el silencio público durante el proceso, aunque reconoció que el escándalo mediático tuvo un impacto significativo en su vida personal y profesional. "A veces, la verdad tarda, pero siempre termina imponiéndose", declaró.

El caso ha generado un amplio debate sobre el manejo de conflictos familiares en la esfera pública y las implicaciones legales de desobedecer órdenes judiciales. Además, pone de relieve las tensiones entre la privacidad de los involucrados y el interés mediático en figuras públicas. Con el avance de otras dos causas conexas, una por daños y perjuicios y otra por falsa denuncia, el desenlace de este caso podría sentar precedentes importantes en el ámbito judicial argentino.