La investigación sobre el caso $LIBRA, una presunta estafa con criptomonedas que sacudió tanto a la Argentina como a Estados Unidos, avanza con medidas judiciales de alto impacto. La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, encabezada por Eduardo Taiano, solicitó el congelamiento de casi 45 millones de USDC, una criptomoneda vinculada al dólar estadounidense, identificados en la blockchain de Solana. Esta medida fue aprobada por la jueza María Servini y comunicada a las autoridades estadounidenses, en el marco de la cooperación internacional.

En paralelo, la jueza Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, ordenó la inmovilización de hasta 280 millones de dólares en activos relacionados con $LIBRA, incluyendo 58 millones en USDC. La magistrada consideró que la medida es de interés público para asegurar la disponibilidad de fondos en caso de que el litigio prospere a favor de los inversores afectados. La empresa Circle, responsable de la emisión de USDC, ya ejecutó parte de la orden, bloqueando el acceso a las billeteras identificadas.

La investigación, iniciada en febrero de 2025, busca determinar las circunstancias de la creación y promoción de $LIBRA, así como la posible participación de funcionarios y empresarios. Entre los investigados figuran el presidente Javier Milei, su hermana Karina, y los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. El fiscal Taiano solicitó a las compañías de telefonía información sobre las líneas asociadas a los imputados, con el objetivo de realizar un entrecruzamiento de llamadas y datos que permita reconstruir los movimientos y comunicaciones clave.

Uno de los focos de la pesquisa es el posible uso de información privilegiada en las operaciones con $LIBRA, especialmente en los minutos previos a su promoción pública por parte del presidente Milei. Se identificaron más de 50 billeteras virtuales sospechosas, algunas de las cuales operaron a través de exchanges centralizadas que podrían facilitar la identificación de sus titulares.

La defensa de los principales acusados ha intentado excluir a los querellantes representados por Juan Grabois y desligar a Milei de cualquier responsabilidad, argumentando que no existen pruebas de su vinculación directa. Sin embargo, los querellantes sostienen que la estrategia busca proteger al presidente y obstaculizar la investigación.

El caso $LIBRA continúa desarrollándose en ambos países, con medidas cautelares que buscan asegurar fondos para las víctimas y esclarecer la trama detrás de una de las mayores estafas con criptomonedas en la región. El desenlace dependerá de la cooperación judicial internacional y de los resultados de los peritajes y rastreos en curso.