Argentina enfrenta una nueva demanda judicial en Estados Unidos por parte de bonistas que reclaman el pago de más de USD 1.700 millones, tras un fallo adverso en tribunales británicos. La demanda fue presentada en la Corte del Distrito de Columbia, en Washington DC, por cuatro fondos de inversión que ya habían obtenido una sentencia favorable en Londres, la cual se volvió inapelable en octubre de 2024.

El conflicto se remonta a 2013, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) modificó la base de cálculo del Producto Bruto Interno (PBI), informando un crecimiento menor al real. Esta maniobra, según los demandantes, evitó el pago de cupones a los acreedores de bonos atados al PBI, emitidos tras la reestructuración de deuda de 2005. El fallo británico determinó que Argentina debe abonar intereses desde diciembre de 2014, sumando una deuda que supera los USD 1.700 millones.

A pesar de que Argentina ejecutó una garantía de €313 millones para apelar el fallo, el resto de la suma permanece impaga. Los bonistas buscan ahora que la justicia estadounidense reconozca la sentencia británica, lo que podría habilitar embargos sobre activos argentinos en Estados Unidos. "Argentina evadió sus obligaciones de pago bajo los warrants en 2014 y posteriormente incumplió sus bonos reestructurados en 2020", afirmaron los bonistas a través de su representación legal.

El gobierno argentino, por su parte, argumenta que el cambio en la metodología del cálculo del PBI era necesario para reflejar la economía real y garantizar la sustentabilidad de la deuda. Sin embargo, los acreedores sostienen que la modificación perjudicó sus derechos y que el país no ha presentado propuestas de pago ni ha respondido formalmente a las iniciativas de los demandantes.

El acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) establece la necesidad de resolver estos litigios para recuperar el acceso a los mercados internacionales. Los bonistas advierten que, mientras persista el incumplimiento, el país no podrá obtener financiamiento externo. El caso recuerda otros episodios judiciales, como el embargo de fondos en 2014 por el juez Griesa, que llevaron a la Argentina a un "default selectivo". El desenlace de este nuevo litigio podría tener consecuencias significativas para la economía y la reputación financiera del país.