Alejandro Ruffo, el hombre de 52 años que fue detenido por el asesinato de su hijo Joaquín, de 8 años, en Lomas de Zamora, fue encontrado muerto en su celda de la Unidad Penitenciaria N° 34 de Melchor Romero, en La Plata. Ruffo estaba alojado en un neuropsiquiátrico de seguridad, destinado a reclusos con problemas de salud mental, desde agosto de 2025, cuando fue arrestado tras cometer uno de los crímenes más conmocionantes del país.

Según fuentes oficiales, Ruffo fue hallado ahorcado con una sábana por sus compañeros de pabellón, quienes intentaron reanimarlo sin éxito. El personal penitenciario y la policía intervinieron rápidamente, pero el hombre fue declarado muerto en el lugar. La Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de La Plata abrió un expediente por "averiguación de causales de muerte" y dispuso la realización de una autopsia para confirmar la hipótesis de suicidio, descartando la intervención de terceros.

Ruffo estaba imputado por homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y femicidio vinculado, tras asfixiar a su hijo en el contexto de una disputa familiar. El móvil del crimen, según declaraciones y peritajes, fue causar sufrimiento a su esposa, Natalia Ciak, quien había solicitado el divorcio. Tras el asesinato, Ruffo intentó suicidarse, resultando gravemente herido y fue hospitalizado antes de ser trasladado al penal.

La madre de la víctima, Natalia Ciak, expresó su indignación ante la noticia del suicidio de Ruffo, afirmando: "Nada me devuelve a Joaqui" y lamentando la manipulación y violencia sufrida. El caso ha reavivado el debate sobre la violencia vicaria, la salud mental en contextos penitenciarios y la protección de víctimas en situaciones de conflicto familiar.

El expediente judicial continúa abierto, mientras la sociedad argentina reflexiona sobre las implicancias de este trágico suceso y la necesidad de abordar integralmente la violencia familiar y la salud mental en el sistema penal.