El Gobierno argentino oficializó la reglamentación integral de la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado N° 26.165, una medida largamente esperada que busca agilizar los trámites de asilo y reforzar la seguridad jurídica de quienes solicitan refugio en el país. El Decreto 646/2025, firmado por el presidente Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial, deroga normativas previas y establece un marco claro para la aplicación de la ley sancionada en 2006.

La nueva reglamentación responde a la necesidad de superar un sistema burocrático que, durante casi dos décadas, generó demoras e incertidumbre tanto para los solicitantes como para la administración pública. Según el texto oficial, la ausencia de procedimientos específicos había ocasionado “serias demoras en la obtención de respuestas expeditas, inobservancia de estándares constitucionales como el plazo razonable, e incertidumbre jurídica”.

La Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), dependiente de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, será la responsable de implementar la normativa. Entre sus nuevas obligaciones se incluyen la emisión de resoluciones fundadas, la garantía de asesoramiento legal gratuito y la publicación de estadísticas trimestrales para monitorear la transparencia y los tiempos de los trámites.

El decreto subraya que la protección a refugiados no es un favor, sino un deber jurídico derivado de la Constitución argentina y de los compromisos internacionales asumidos por el país, como la Convención de Ginebra de 1951 y su Protocolo de 1967. En este sentido, el Gobierno citó un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que advierte que, sin reglamentación, la supremacía constitucional “se tornaría ilusoria”.

La medida fue recibida como un paso fundamental para recuperar la histórica posición de Argentina como país de acogida, en un contexto global donde muchas naciones endurecen sus políticas migratorias. Se espera que la reglamentación permita una gestión más ágil, transparente y humana de las más de 20.000 solicitudes de asilo actualmente pendientes en el país, consolidando así el compromiso argentino con los derechos humanos y la protección internacional.