El Gobierno nacional avanza con una nueva etapa de ajuste en la administración pública, con el objetivo de reducir entre 4.000 y 5.000 empleos en organismos descentralizados antes de agosto. La medida, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, se implementa principalmente a través de programas de retiro voluntario.

Según fuentes oficiales, los organismos más afectados por esta política son la ANSES, donde más de 1.200 empleados ya aceptaron el retiro voluntario, Vialidad Nacional, con alrededor de 1.000 bajas, y el INTA, que suma entre 400 y 500 desvinculaciones. Próximamente, el PAMI y los medios públicos también abrirán sus propios esquemas de retiros, en un proceso que busca adecuar la dotación de personal a las funciones efectivas de cada organismo.

El Gobierno sostiene que el retiro voluntario, que equivale al 90% del salario bruto por cada año trabajado, representa un gasto inmediato que se compensa en menos de un año gracias al ahorro salarial y la reducción de potenciales litigios laborales. Además, quienes adhieren a la medida no podrán reincorporarse al Estado por cinco años, salvo que devuelvan el dinero percibido.

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, la planta estatal nacional se redujo en más de 60.000 puestos, pasando de 343.357 empleados en noviembre de 2023 a 276.104 en marzo de 2026, según datos del INDEC. Esta reducción, cercana al 20% de la dotación total, forma parte de una política más amplia de reorganización y achicamiento del Estado, orientada a disminuir el gasto público y el déficit fiscal.

La iniciativa ha generado debate en la sociedad y entre los actores políticos y sindicales. Mientras el Gobierno defiende la medida como una forma de "ordenar" el Estado y evitar juicios millonarios, sectores críticos advierten sobre el impacto en la calidad de los servicios públicos y el empleo. El proceso de adhesión a los retiros voluntarios y sus consecuencias en los organismos afectados serán clave en los próximos meses para evaluar el alcance real de la política.