El inspector Cristian Galván, jefe de la subcomisaría de Lonquimay, La Pampa, enfrenta un juicio por presuntamente haber utilizado a seis detenidos bajo su custodia como mozos y parrilleros en su propia fiesta de casamiento, celebrada el 31 de mayo de 2024. Según la acusación, los presos caminaron sin custodia desde la comisaría hasta el salón de eventos, donde sirvieron comida, prepararon el asado y realizaron tareas de limpieza, regresando luego a sus celdas por sus propios medios.

El fiscal general Guillermo Sancho consideró probado el incumplimiento de los deberes de funcionario público y solicitó una condena de un año y tres meses de prisión condicional, además de una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo. Sancho subrayó la gravedad del hecho, destacando el riesgo de fuga y el abuso de autoridad, y señaló que Galván actuó de manera "abusiva y arbitraria".

Durante el juicio, los testimonios de los detenidos y familiares del acusado presentaron versiones contradictorias. Mientras algunos presos admitieron haber participado en la fiesta, otros lo negaron o minimizaron su rol. Familiares y la defensa de Galván sostuvieron que el servicio fue realizado por allegados y que la acusación responde a una "interna policial". El propio Galván denunció presiones y maltrato por parte de sus superiores, afirmando que la causa es producto de una persecución interna.

El caso generó un fuerte debate en la comunidad sobre el abuso de poder y la seguridad en el sistema penitenciario local. En pueblos pequeños, es habitual que los detenidos realicen tareas menores, pero no fuera de la comisaría ni sin autorización judicial. El episodio se conoció por rumores en Lonquimay y una investigación interna que derivó en la causa penal.

El juicio concluyó con los alegatos finales y la sentencia se conocerá el 28 de julio. Además, podrían abrirse nuevas causas por falso testimonio y falsificación de documentos, involucrando tanto a testigos como al propio Galván.