El video del escándalo: secuestraron dos celulares
🔎 Escándalo judicial en Trelew: secuestran celulares y allanan domicilios tras la viralización de un video que muestra el presunto pago de $12 millones a un abogado, supuestamente para beneficiar a un detenido. Investigan cohecho y fraude. #Chubut
Un escándalo de presunta corrupción sacude al Poder Judicial de Chubut tras la viralización de un video en el que se observa a la madre de un detenido entregando $12 millones al abogado Martín Castro. Según la investigación, el dinero habría sido destinado a la fiscal Julieta Gamarra para obtener una reducción en la condena de Pablo “Chavo” Ferreyra, quien fue condenado en 2025 por ataques a la policía y recuperó su libertad en enero de 2026.
El fiscal jefe de Trelew, Omar Rodríguez, lidera la pesquisa y ordenó el secuestro de los teléfonos celulares de Castro y de Irene Ramírez, madre del detenido, así como allanamientos en domicilios vinculados al caso. "Barajamos dos hipótesis: un presunto cohecho, donde el abogado recibe dinero para una funcionaria pública, o un posible fraude del abogado hacia la mujer", explicó Rodríguez. Las medidas fueron autorizadas por el juez Marcos Nápoli y se mantendrán otras en reserva por estrategia investigativa.
El video, grabado en 2005 pero difundido recientemente, muestra a Ramírez entregando el dinero a Castro, quien lo guarda en una bolsa de residuos, mientras discuten sobre la reducción de la pena. La fiscal Gamarra, señalada en el video, negó haber solicitado dinero y pidió ser formalmente investigada. "Queda como si ese dinero fuera para mí", declaró, y solicitó que se tome testimonio a los involucrados.
El procurador general Jorge Miquelarena también solicitó ser investigado, en un intento de despejar dudas sobre su participación. El gobernador Nacho Torres respaldó la transparencia del proceso y celebró la decisión de los funcionarios de ponerse a disposición de la Justicia.
Por su parte, Martín Castro admitió haber recibido el dinero, pero sostuvo que correspondía a honorarios profesionales y no a un soborno. El caso ha generado un fuerte impacto en la opinión pública y es interpretado como un reflejo de las tensiones internas y la crisis de confianza en el sistema judicial de Chubut. Se espera que el análisis de los teléfonos incautados y las próximas medidas judiciales arrojen mayor claridad sobre los hechos y las responsabilidades de los implicados.
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