La Justicia argentina avanza en la implementación de la prisión domiciliaria para la expresidenta Cristina Kirchner, tras la ratificación de su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad. El Tribunal Oral Federal 2 dispuso que la exmandataria cumpla la pena en su domicilio de San José 1111, bajo estrictas reglas de conducta y con la posible colocación de una tobillera electrónica para su monitoreo.

Este jueves, personal de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, dependiente del Servicio Penitenciario Federal, realizó una inspección técnica en el departamento de Kirchner para evaluar la viabilidad de instalar el dispositivo. El informe resultante será remitido al tribunal, que decidirá si procede la colocación de la tobillera. El sistema, que utiliza radiofrecuencia y monitoreo en tiempo real, alertará a las autoridades si la ex presidenta viola el perímetro establecido para su arresto domiciliario.

La defensa de Kirchner, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, anunció que recurrirá la decisión, argumentando que la medida es innecesaria y excesiva. Además, solicitaron aclaraciones sobre las restricciones impuestas, como la posibilidad de salir al balcón o recibir visitas no autorizadas. Según fuentes judiciales, las reglas de conducta buscan evitar alteraciones en la convivencia vecinal y limitar la cantidad de visitantes, requiriendo autorización judicial para quienes no estén en la lista presentada por la defensa.

El proceso de instalación de la tobillera no es inmediato, ya que requiere estudios técnicos y estructurales previos. Mientras tanto, la ex presidenta debe cumplir con las condiciones impuestas, bajo apercibimiento de perder el beneficio del arresto domiciliario. El dispositivo, sumergible y resistente, se comunica con un centro de monitoreo que opera las 24 horas.

La decisión judicial generó un intenso debate político y movilizaciones masivas en apoyo a Kirchner, reflejando la polarización social en torno a su figura y al funcionamiento del sistema judicial argentino. El Gobierno y la Justicia sostienen que las medidas buscan garantizar la seguridad y el cumplimiento efectivo de la condena, mientras que sectores afines a la ex presidenta denuncian una persecución política. El caso continúa generando repercusiones y se esperan nuevas presentaciones judiciales en los próximos días.