La reciente aprobación en el Senado argentino de la reforma jubilatoria, que incluye la eliminación de exenciones fiscales para los aportantes a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), desató un fuerte rechazo entre las principales bolsas y mercados del país. La medida, incorporada en el artículo 10 de la ley para financiar el aumento de haberes jubilatorios, es considerada por el sector como una amenaza directa al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y al empleo formal.

En un comunicado conjunto, entidades como BYMA, las Bolsas de Comercio de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y otras provincias, junto al Mercado Argentino de Valores y la Caja de Valores, manifestaron su "profunda preocupación y enérgico rechazo" a la modificación del régimen fiscal de las SGR. Según el texto, la eliminación de las exenciones impositivas pone en riesgo un sistema que ha asistido a más de 100.000 mipymes en todo el país, sosteniendo más de 500.000 empleos y movilizando más de 3,8 billones de pesos en créditos productivos.

El sector argumenta que el costo fiscal de las exenciones es mínimo, representando apenas el 0,02% del PBI, y que su eliminación podría desfinanciar el sistema, encarecer el crédito y restringir el acceso de las pymes al financiamiento formal. "Este cambio realizado sin debate ni consultas no sólo aniquila un sistema virtuoso de financiamiento a las pymes, sino que también desarma un esquema público-privado de muchos años que ha demostrado eficiencia y un impacto positivo en la recaudación tributaria", señala el comunicado.

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, también criticaron la medida. Milei expresó en redes sociales: "Cada cosa que toca la política rompe todo. Fin". Caputo, por su parte, calificó la decisión como "inentendible" y advirtió sobre el impacto negativo en la producción nacional.

Expertos y representantes del sector pyme advierten que, sin el incentivo fiscal, los fondos de riesgo se reducirán, las SGR no podrán emitir nuevos avales y los bancos restringirán el crédito o aumentarán las tasas para las pymes. Esto podría traducirse en un retroceso productivo y la pérdida de miles de empleos.

La decisión legislativa, que busca equilibrar el financiamiento del aumento jubilatorio, enfrenta así un amplio rechazo sectorial y político, y abre un debate sobre el equilibrio entre sostenibilidad fiscal y desarrollo productivo. El presidente Milei anticipó que vetará la ley si no se revisa este punto, mientras el sector pyme y las entidades bursátiles exhortan a modificar la medida para evitar daños irreparables en el tejido productivo argentino.