El Gobierno argentino ha puesto en marcha la "Operación Presidente Julio Argentino Roca", un plan que busca reforzar la seguridad en la frontera norte del país mediante el despliegue de las Fuerzas Armadas. La medida, anunciada el 15 de abril de 2025, se enmarca en el Plan Güemes, que ya se ejecuta desde 2024 en zonas críticas como Orán y Aguas Blancas, y ahora se extiende a localidades como Tartagal, Salvador Mazza y Aguaray, en la provincia de Salta.

El operativo, que se prolongará hasta diciembre, movilizará a más de 1.300 soldados para combatir el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas. Según el ministro de Defensa, Luis Petri, la operación permitirá intervenir en el 95% de las fronteras del país y fortalecerá la seguridad nacional. "Es una medida necesaria para proteger nuestra soberanía y garantizar la seguridad de los argentinos", afirmó Petri.

Sin embargo, la iniciativa ha generado una fuerte polémica. El nombre de la operación, en honor a Julio Argentino Roca, ha sido duramente criticado por su asociación con la Campaña del Desierto, un episodio histórico marcado por la represión de comunidades originarias. Además, expertos y organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuestionan la efectividad de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. "Estas son tareas que las Fuerzas Armadas no están capacitadas para realizar, y su participación genera riesgos significativos para los derechos humanos", señaló Manuel Tufró, director de Justicia y Seguridad del CELS.

Otro punto de controversia es la falta de claridad sobre las reglas de empeñamiento, es decir, los límites de actuación de los militares. Hasta el momento, el Gobierno no ha detallado estas normas, lo que ha generado preocupación por posibles abusos. En este contexto, el diputado Leopoldo Moreau presentó un pedido de informes para esclarecer los alcances de la operación y garantizar el respeto al marco jurídico vigente.

En las comunidades afectadas, la reacción ha sido mixta. Mientras algunos valoran el esfuerzo por combatir el crimen organizado, otros critican que las medidas afectan más a trabajadores informales que a grandes redes de narcotráfico y contrabando. "Está bien que combatan a los narcos, pero no a la gente que cruza mercadería para sobrevivir", expresó un habitante de la región.

La operación también ha sido interpretada como una estrategia política en un año electoral. Figuras como la exministra de Seguridad Sabina Frederic han señalado que el anuncio busca generar impacto mediático más que resolver problemas estructurales. "Son medidas que, más allá de su gravedad, tienen como único objetivo la provocación ideológica en época electoral", afirmó Frederic.

A medida que avanza la "Operación Roca", el debate sobre su efectividad, legalidad y consecuencias sociales continúa. Mientras tanto, las comunidades en la frontera norte enfrentan un nuevo escenario marcado por la militarización y la incertidumbre.