Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de Santa Fe propone que los conductores que provoquen accidentes bajo los efectos del alcohol o drogas asuman los costos de su atención médica y otros gastos relacionados. La iniciativa, impulsada por la diputada Beatriz Brouwer, busca generar conciencia sobre la responsabilidad al conducir y aliviar la carga económica que estos incidentes representan para el sistema de salud pública.

Según el proyecto, los conductores que den positivo en controles de alcoholemia o narcolemia deberán cubrir los costos médicos, farmacéuticos y de rehabilitación de todas las personas involucradas en el accidente. Además, el 80% de los fondos recaudados se destinarán al sistema público de salud, mientras que el 20% restante será utilizado para campañas de concientización y prevención vial.

Para implementar esta medida, se realizarán controles toxicológicos obligatorios a los heridos en accidentes viales atendidos en hospitales públicos. Los resultados serán consignados en la historia clínica del paciente, y si se confirma el consumo de alcohol o drogas, se emitirá una factura detallada de los costos. En caso de que el infractor tenga cobertura médica, las aseguradoras serán responsables de asumir los gastos. Si no cuenta con cobertura, se le notificará la deuda y tendrá un plazo de 30 días para pagarla o acordar un plan de pagos. De no cumplirse este plazo, se habilitará el cobro judicial.

La diputada Brouwer enfatizó que el objetivo principal no es recaudar dinero, sino fomentar la responsabilidad vial y reducir el impacto económico de estos incidentes en el sistema de salud. "Cuando una persona choca alcoholizada, el resto de los ciudadanos responden por esa irresponsabilidad", señaló. También mencionó que, para quienes no puedan costear los gastos, se podrían considerar alternativas como el trabajo social.

El proyecto ha generado opiniones divididas. Algunos legisladores y ciudadanos lo ven como una medida necesaria para combatir la irresponsabilidad al volante, mientras que otros cuestionan su viabilidad y posibles problemas legales. En cualquier caso, la propuesta pone en el centro del debate la necesidad de abordar el problema de los accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol y drogas, que representan una carga significativa para el sistema de salud pública en Argentina.