Sindicatos docentes de todo el país convocaron a un paro nacional y movilizaciones para el 18 de junio de 2026, en protesta por el ajuste presupuestario en educación, la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la amenaza a los regímenes jubilatorios del sector. La medida, impulsada por la coordinadora nacional docente y respaldada por sindicatos como SUTEBA y CTERA, busca visibilizar el impacto de los recortes en los salarios y condiciones laborales de los trabajadores de la educación.

La convocatoria surge tras una serie de asambleas y plenarios provinciales, donde se votó la adhesión a la jornada nacional de lucha. En Buenos Aires, la movilización central tendrá lugar frente a la Secretaría de Educación, con la participación de docentes de varias provincias y la presencia de referentes históricos de derechos humanos. "Nos han quitado el FONID, que hoy representaría más de $300.000 por docente. Alertamos sobre el intento del Gobierno Nacional de reformar nuestras jubilaciones", declaró Sonia Alesso, secretaria general de CTERA.

En ciudades como Bahía Blanca, la protesta representa la duodécima interrupción del ciclo lectivo en lo que va del año, reflejando la persistencia del conflicto. Las medidas incluyen cortes de calles, radios abiertas y conferencias de prensa en distintas provincias, como Santa Fe, Córdoba, Neuquén y Santa Cruz, donde los gremios locales también impulsan acciones propias.

El trasfondo del conflicto está marcado por el ajuste fiscal promovido por el Gobierno Nacional y la presión del FMI, que derivaron en la eliminación del FONID y recortes en prestaciones sociales y de salud. Los sindicatos denuncian que estas políticas afectan directamente la calidad educativa y las condiciones de vida de los docentes. Sectores opositores dentro del sindicalismo docente critican la falta de contundencia de la conducción nacional y proponen la conformación de una nueva dirección gremial.

Hasta el momento, el Gobierno Nacional no ha emitido declaraciones públicas sobre la protesta. Organizaciones sociales y de derechos humanos han manifestado su apoyo a la lucha docente, subrayando la importancia de defender la educación pública frente a los recortes presupuestarios. El conflicto se inscribe en una serie de medidas de fuerza que los docentes vienen realizando desde marzo de 2026, en reclamo de mejores salarios, condiciones laborales y mayor presupuesto educativo.