Priscila Sand, una joven argentina de 27 años oriunda de Campana, provincia de Buenos Aires, denunció haber sido víctima de secuestro y violencia extrema por parte de su pareja en la Ciudad de México. Según su testimonio, estuvo retenida durante casi dos años en una casa equipada con cámaras, micrófonos y sensores de movimiento, bajo la vigilancia constante de nueve guardias armados que respondían a su pareja, Salvador Zubirán Rabay.

Durante su cautiverio, Priscila fue sometida a violencia física, psicológica y sexual. Relató que su pareja la medicaba en contra de su voluntad, la golpeaba y la obligó a tatuarse su nombre en varias partes del cuerpo. Además, la mantenía completamente aislada de su familia y amigos, controlando cada uno de sus movimientos. "Vivo aterrorizada. Temo por mi vida y la de mi hijo", expresó en un video que compartió en redes sociales tras su escape.

El 15 de abril de 2025, Priscila logró huir con su hijo de nueve meses tras planificar cuidadosamente su escape con ayuda de su hermana gemela. Aprovechó un descuido en el cambio de turno de los guardias para salir corriendo con su hijo y un bolso. Ese mismo día, presentó una denuncia en la Fiscalía Antisecuestro de la Ciudad de México y se refugió en la casa de una persona de confianza.

Sin embargo, su situación sigue siendo crítica. Su ex pareja la denunció por "sustracción de menores", lo que derivó en la emisión de una Alerta Ámber sobre su hijo. Esto impide que Priscila pueda salir de México sin ser detenida. Además, ha recibido amenazas constantes desde su huida, tanto ella como su familia en Argentina.

Priscila ha solicitado ayuda a la Embajada argentina en México, pero hasta el momento no ha recibido respuestas concretas. En su testimonio, también denunció que Salvador Zubirán Rabay es una persona con poder político y judicial en México, lo que le ha permitido actuar con impunidad. Según su relato, su ex pareja ha manipulado denuncias, comprado jueces y policías, y tiene antecedentes de violencia hacia otras mujeres, incluyendo a la actriz Laura Vignatti, quien lo denunció públicamente en 2024.

Este caso ha generado indignación y pone en evidencia la vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia de género, así como las fallas en los sistemas judiciales para proteger a las víctimas. Priscila continúa exigiendo justicia y ayuda para regresar a su país junto a su hijo, mientras organizaciones de derechos humanos podrían intervenir para presionar a las autoridades mexicanas y argentinas.