Las máximas autoridades de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba fueron imputadas por presunta manipulación de causas y abuso de autoridad, en un caso que ha generado conmoción en el ámbito judicial de la provincia. La investigación, impulsada por el fiscal de la Procuración General de la Nación, Nicolás Turano, y el fiscal federal de Córdoba, Maximiliano Hairabedián, involucra a la presidenta del tribunal, Graciela Montesi, al vicepresidente Abel Sánchez Torres, y a los secretarios Mario Olmedo y Gustavo Flores.

Según la denuncia presentada por la funcionaria judicial Celina Laje Anaya, los magistrados habrían manipulado la integración de las Salas A y B de la Cámara Federal durante 2023, con el objetivo de beneficiar a la empresa cerealera Bunge en causas por evasión tributaria. La denuncia sostiene que se violaron los reglamentos internos para que Montesi y Sánchez Torres coincidieran en la misma sala y pudieran influir en expedientes clave, como los casos “Padilla” y “Humanes”, radicados en Río Cuarto y Villa María respectivamente.

La investigación también apunta a presuntas maniobras de hostigamiento laboral contra Laje Anaya, quien relató haber sufrido presiones, malos tratos y represalias tras negarse a firmar documentos que consideraba irregulares. Entre las represalias se incluyen la reducción de salario y cambios de categoría que afectaron su carrera profesional y su salud.

El juez Alejandro Sánchez Freytes, a cargo del caso, decretó el secreto de sumario mientras se analizan los delitos de abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción. Además, los fiscales detectaron incongruencias en la declaración del secretario Gustavo Flores, quien fue imputado por presunto falso testimonio.

La Cámara Federal de Córdoba opera actualmente con solo cuatro de los siete jueces necesarios, situación que, según los fiscales, habría facilitado las maniobras denunciadas. La gravedad institucional del caso radica en la posible afectación del principio del juez natural y la imparcialidad judicial, especialmente en expedientes de alto contenido económico y relevancia nacional.

El caso es seguido de cerca por el Ministerio Público Fiscal y el Procurador General de la Nación, dada la jerarquía de los imputados y la sensibilidad de las causas involucradas. La investigación continúa bajo estricta reserva, mientras crece la preocupación por el impacto en la confianza pública en la Justicia cordobesa.