El inicio del ciclo lectivo en las universidades nacionales argentinas se encuentra paralizado tras la convocatoria a un paro docente de una semana, a partir del lunes 16 de marzo. La medida, impulsada por las principales federaciones de docentes y nodocentes, responde a la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la ausencia de negociaciones paritarias desde 2024.

El secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), Emiliano Cagnacci, explicó que "los trabajadores y trabajadoras docentes, nodocentes, el personal de salud de los hospitales universitarios e investigadores vamos a estar haciendo un cese de actividades para exigirle al Gobierno nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. Y, sobre todo, reclamamos el urgente llamado a paritarias". La medida afecta a más de 100.000 docentes y a más de 2 millones de estudiantes en todo el país, así como a los servicios de hospitales universitarios, que funcionarán con guardias mínimas.

El conflicto tiene su origen en la Ley 27.795, promulgada en octubre de 2025 tras intensas movilizaciones y el rechazo parlamentario a los vetos presidenciales. La norma establece la actualización de partidas para salarios, becas y gastos de funcionamiento, pero su implementación quedó suspendida mientras se definían fuentes de financiamiento. En diciembre de 2025, el Consejo Interuniversitario Nacional presentó un amparo judicial, y la justicia falló a favor de los rectores, ordenando al Gobierno cumplir con la ley. Sin embargo, el Ejecutivo no ha acatado plenamente la decisión y propuso una nueva ley que solo contempla una recomposición salarial del 12%, frente al 51% reclamado por los gremios.

La situación salarial de los docentes universitarios se ha deteriorado notablemente, con una pérdida de hasta el 30% del poder adquisitivo desde 2023. El presupuesto universitario también sufrió un recorte significativo, pasando del 0,72% del PBI en 2023 al 0,51% en 2025. Las asambleas docentes y estudiantiles han votado mayoritariamente por el paro, y no se descarta la extensión de la medida a una huelga indefinida si no hay respuestas oficiales.

El conflicto universitario se inscribe en un contexto de ajuste general al sector público y de tensiones institucionales entre el Ejecutivo y el Congreso. La comunidad universitaria, respaldada por amplios sectores sociales, exige el cumplimiento de la ley y la recuperación del poder adquisitivo, mientras se preparan nuevas movilizaciones y acciones de protesta en defensa de la educación pública.