Valentina Olguín, una joven cantante e influencer de 26 años oriunda de Santiago del Estero, se encuentra en el centro de un escándalo judicial tras ser acusada de utilizar datos fiscales de cinco gobernadores argentinos para importar ropa desde Estados Unidos. La maniobra, que ha sido calificada como contrabando simulado, fue descubierta cuando el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, recibió una notificación de Aduana por una compra que no había realizado. "Nunca hice una compra en el exterior. Me preocupó que usaran mis datos personales para cualquier tipo de operación", declaró Jaldo, quien presentó la denuncia que dio inicio a la investigación.

Además de Jaldo, los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Claudio Poggi (San Luis) también fueron víctimas de esta maniobra. Según las investigaciones, Olguín habría utilizado los datos fiscales de estas figuras públicas para sortear los límites de importación establecidos por la AFIP. La ropa, adquirida en la tienda estadounidense Revolve, era enviada a un domicilio en el barrio porteño de Núñez y posteriormente revendida a través de redes sociales.

El caso está siendo investigado por el fiscal José Agustín Chit y el juez José Manuel Díaz Vélez en el fuero federal de Tucumán. Durante un allanamiento, se incautaron dispositivos electrónicos que podrían aportar más pruebas sobre la operación. Olguín, quien admitió parcialmente los hechos, argumentó que obtuvo los datos de internet y que no era consciente de la gravedad de sus acciones. "Ella está muy arrepentida y dispuesta a colaborar con la justicia", señalaron fuentes cercanas a la joven.

La maniobra comenzó en 2022, cuando Olguín utilizaba su propio CUIT para importar ropa. Al superar el límite anual de 5 mil dólares, recurrió a los datos de familiares y, finalmente, a los de los gobernadores. Este caso ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de control fiscal y aduanero en Argentina, generando preocupación entre las autoridades y la ciudadanía.

El gobernador Jaldo advirtió sobre la gravedad del caso y llamó a los ciudadanos a revisar si también podrían haber sido víctimas de maniobras similares. "Esto no lo hizo una persona sola. Hay asesoramiento y conocimiento del sistema. Es un hecho grave que vulnera la seguridad de todos los ciudadanos", afirmó.

Mientras la investigación avanza, no se descarta que aparezcan más damnificados. Este caso ha generado un debate sobre la necesidad de reforzar los controles fiscales y aduaneros para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.