Una fuerte controversia se desató entre el gobierno nacional y el bonaerense tras las declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien señaló que la Policía de la Provincia de Buenos Aires constituye "parte del problema" en la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico. Monteoliva sostuvo que existen "focos infecciosos" dentro de la fuerza y propuso replicar en el conurbano bonaerense el "Plan Bandera" implementado en Rosario, aunque advirtió que para ello se requieren acuerdos políticos y una mayor articulación entre jurisdicciones.

La respuesta del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, no se hizo esperar. A través de declaraciones públicas y mensajes en redes sociales, Alonso rechazó enérgicamente las críticas y exigió a Monteoliva que, si tiene pruebas de irregularidades, las denuncie ante la Justicia o, en su defecto, se disculpe con la fuerza provincial. "Hace pocas semanas celebraba los alentadores números de seguridad, producto del trabajo de esta honorable fuerza", recordó Alonso, quien también acusó al gobierno nacional de no enviar los fondos necesarios para sostener las políticas de seguridad en la provincia.

El intercambio evidenció las diferencias de enfoque y gestión entre ambas administraciones. Mientras Monteoliva subrayó la importancia de un análisis profundo y la coordinación para combatir el narcotráfico, Alonso defendió el desempeño de la Policía Bonaerense y reclamó mayor respaldo institucional y financiero desde la Nación. El debate se intensificó en el contexto de una creciente preocupación social por la inseguridad y la criminalidad en el territorio bonaerense.

El "Plan Bandera", citado como ejemplo por la ministra nacional, fue implementado en Rosario con la participación de fuerzas federales y es considerado un modelo de éxito en la reducción de delitos vinculados al narcotráfico. Sin embargo, su posible aplicación en Buenos Aires enfrenta obstáculos políticos y de coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

La polémica refleja una vez más las tensiones históricas entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires en materia de seguridad, así como la necesidad de consensos y recursos para enfrentar los desafíos que plantea el delito organizado en el principal distrito del país.