Una formación del tren Sarmiento descarriló el pasado 11 de noviembre cerca de la estación Liniers, en Buenos Aires, dejando un saldo de 20 heridos y generando preocupación sobre la seguridad ferroviaria en el país. El incidente ocurrió alrededor de las 15:50, cuando el anteúltimo vagón de la formación 3358 se desprendió y circuló a la rastra por unos 300 metros, provocando momentos de tensión entre los pasajeros y una densa humareda en el interior de los vagones.

El SAME asistió a los heridos, de los cuales nueve sufrieron politraumatismos y fueron trasladados a hospitales cercanos. "Lo más importante es que no hay víctimas fatales, que es lo que tenemos que llevar a todos los familiares", afirmó Alberto Crescenti, titular del servicio de emergencias. El operativo de evacuación contó con la participación de bomberos, policía y defensa civil, quienes trabajaron en la remoción de los vagones afectados utilizando maquinaria especializada.

Las primeras investigaciones descartaron la hipótesis de error humano, ya que los exámenes toxicológicos y de alcoholemia realizados al motorman y banderilleros arrojaron resultados negativos. El juez Julián Ercolini inició una causa por "interrupción a los medios de transporte" y ordenó pericias sobre la infraestructura y el sistema de señalización, que en la zona afectada sigue siendo manual debido a demoras en la modernización prevista desde 2018.

Según informes internos de Trenes Argentinos, la combinación de una obra postergada y un posible error en el cambio de vías habrían sido factores determinantes en el descarrilamiento. El gremio ferroviario y agrupaciones de trabajadores denunciaron falta de inversión, tercerización y ajuste presupuestario, responsabilizando al gobierno y a las empresas privadas por la precarización del servicio. "El plan de vaciamiento está en curso, este descarrilamiento lo vuelve a mostrar", expresó Fernando Aranda, trabajador ferroviario.

El accidente reavivó el debate sobre la gestión y el futuro del sistema ferroviario argentino, en un contexto de emergencia decretada tras otros siniestros recientes. Los usuarios manifestaron su malestar por las demoras y la inseguridad, mientras que los trabajadores exigen auditorías independientes y la reestatización del servicio bajo control de empleados y usuarios. Las tareas de encarrilado y reparación continúan, y la investigación permanece abierta para determinar las causas exactas del siniestro.