La causa por presunto lavado de dinero en la compra de una mansión de lujo en Villa Rosa, Pilar, atribuida a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), experimentó un cambio significativo este viernes. La Cámara Federal de Comodoro Py resolvió que el expediente, hasta ahora en manos del juez federal Daniel Rafecas, pase al Juzgado Penal Económico Nº 10, a cargo de Marcelo Aguinsky. Esta decisión se tomó mientras se realizaban allanamientos en la propiedad investigada, donde la Policía Federal secuestró 54 vehículos de alto valor, entre ellos 45 autos de lujo, siete motos de alta cilindrada y dos kartings.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Coalición Cívica, que señaló a Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, como presuntos testaferros de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, y Pablo Toviggino, tesorero de la entidad. Según la denuncia, la empresa Real Central SRL, a nombre de Pantano y Conte, adquirió la mansión y una flota de vehículos cuyo valor sería incompatible con los ingresos declarados por los titulares de la firma. "Con solamente un poco de sentido común se infiere la imposibilidad evidente para afrontar dicha compra de semejante envergadura económica", sostienen los denunciantes.

Antes de ser apartado del caso, Rafecas ordenó el embargo preventivo de la finca, la inmovilización de los bienes y la prohibición de salida del país para Pantano y Conte. Además, dispuso el levantamiento del secreto fiscal de la anterior propietaria de la mansión y la tasación de los vehículos secuestrados. El operativo incluyó también allanamientos en cocheras de la Ciudad de Buenos Aires, aunque sin resultados positivos en esos lugares.

La Cámara Federal justificó el cambio de fuero al considerar que la investigación compromete el orden económico y financiero, y que no hay funcionarios públicos involucrados por el momento. El fallo podría ser apelado por el fiscal José Agüero Iturbe, quien había opinado que la causa debía continuar en el juzgado de Rafecas. Mientras tanto, el Juzgado Penal Económico deberá analizar si corresponde que la causa se tramite en Pilar, donde está ubicada la propiedad.

El caso ha generado repercusiones en el ámbito político y deportivo, ya que la denuncia se basa en parte en un cruce en redes sociales entre Carlos Tévez y Toviggino, y en la sospecha de que los bienes podrían pertenecer realmente a Tapia y Toviggino. El avance de la investigación dependerá ahora de las medidas que adopte el nuevo juzgado, que deberá determinar la trazabilidad de los activos y la posible existencia de testaferros en la operación.