En un escándalo que sacude a La Libertad Avanza (LLA), múltiples denuncias de corrupción han salido a la luz, involucrando a funcionarios del PAMI y la ANSES. Viviana Aguirre, exfuncionaria del PAMI en La Plata y diputada suplente de LLA, acusó a Sebastián Pareja y Juan Osaba de exigir retornos salariales y de presionarla para firmar documentos ilegales. Según Aguirre, las prácticas corruptas incluían pedidos de coimas de hasta un millón de pesos y amenazas de despido para quienes se negaran a colaborar.

El fiscal federal Patricio Sabadini ha iniciado una investigación formal en Chaco, donde se reportaron maniobras similares. Según el fiscal, empleados de PAMI y ANSES habrían sido obligados a entregar un porcentaje de sus sueldos como condición para mantener sus empleos. Las denuncias también se extienden a otras provincias como Misiones y Santa Cruz, donde se acusa a dirigentes locales de implementar esquemas de financiamiento partidario a través de retenciones salariales.

Aguirre asegura tener pruebas contundentes, incluyendo audios y grabaciones, que respaldan sus acusaciones. "Nos usaron para la campaña y después nos desvincularon. Creía en el cambio, pero todo se volvió una corrupción plena", declaró Aguirre, quien también señaló que las irregularidades eran conocidas por altos dirigentes del partido, incluyendo a Karina Milei.

En Chaco, se descubrieron planillas que detallan transferencias bancarias de empleados hacia superiores, etiquetadas como "rendición". En Misiones, un dirigente denunció que se pedía el 10% del salario de los empleados para financiar el partido. Estas prácticas han generado tensiones internas en LLA, con disputas entre facciones lideradas por Karina Milei y Santiago Caputo.

Desde LLA, algunos voceros han calificado los aportes como "voluntarios", mientras que otros niegan las acusaciones. Sin embargo, el fiscal Sabadini considera que los hechos podrían constituir extorsión, afectando la libertad y propiedad de los empleados. "El medio comisivo empleado para obligar a las víctimas a entregar un porcentaje de sus haberes fue a través de claros actos intimidatorios", afirmó el fiscal.

El escándalo ha generado un fuerte impacto político, especialmente para un partido que llegó al poder con una plataforma de lucha contra la corrupción. Las denuncias podrían tener consecuencias significativas en un año electoral, afectando la imagen de LLA y su liderazgo. Mientras tanto, la justicia avanza en la recopilación de pruebas y testimonios para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

En un contexto de creciente escrutinio sobre el uso de recursos públicos, estas denuncias plantean serias preguntas sobre la ética y la transparencia en la gestión de organismos estatales bajo la administración de LLA. El desenlace de este caso podría marcar un punto de inflexión en la política argentina, con implicaciones que van más allá de las fronteras del partido.