José López, exsecretario de Obras Públicas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, viajó en la madrugada del lunes desde Río Gallegos a la Ciudad de Buenos Aires para presentarse en los tribunales de Comodoro Py. El traslado se produce tras la confirmación, por parte de la Corte Suprema de Justicia, de su condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa Vialidad.

López fue visto en el aeropuerto de Río Gallegos abordando el primer vuelo de la semana de Aerolíneas Argentinas, solo y sin equipaje de mano. Vestido de negro y con un buzo celeste, el exfuncionario intentó pasar desapercibido, concentrado en su celular y evitando responder preguntas de la prensa. "¿Cómo le va?" fue su única respuesta ante la consulta sobre su presentación en Comodoro Py, acompañada de una sonrisa evasiva.

La condena de López, que también alcanzó a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y Nelson Periotti, fue confirmada la semana pasada por la Corte Suprema, dejando firme la sentencia en la causa que investigó la adjudicación irregular de obras públicas en Santa Cruz. El juez Jorge Gorini dispuso que los condenados deben presentarse ante el tribunal en un plazo de cinco días hábiles desde la notificación del fallo.

Desde su excarcelación en abril de 2021, tras pagar una fianza de 85 millones de pesos en la causa por enriquecimiento ilícito, López había mantenido un perfil bajo en Río Gallegos, donde residía con su familia. Su detención en 2016, tras ser sorprendido intentando ocultar bolsos con casi nueve millones de dólares en un convento de General Rodríguez, marcó uno de los escándalos más recordados del kirchnerismo. En 2018, se convirtió en imputado colaborador en la causa de los Cuadernos, lo que le permitió acceder a un régimen de detención menos riguroso.

El viaje de López a Buenos Aires marca el inicio del cumplimiento efectivo de su condena y reaviva el debate sobre la corrupción en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. La confirmación de la sentencia por la Corte Suprema es interpretada como un paso importante en la lucha contra la impunidad y la transparencia institucional en Argentina.