La AFA comenzó obras en el terreno baldío de Pilar para tratar de justificar la mudanza de su sede
• La AFA trasladó su sede legal a Pilar tras denuncias de la IGJ por irregularidades financieras. • El cambio busca evitar la veeduría nacional; la AFA lo califica de "operación política". • El conflicto se judicializa y suma tensión institucional.



La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) trasladó su domicilio legal a un terreno en Pilar, provincia de Buenos Aires, en medio de un fuerte conflicto institucional con la Inspección General de Justicia (IGJ). La medida se produjo luego de que la IGJ denunciara graves irregularidades en los balances de la entidad y solicitara la designación de veedores para auditar la documentación contable y financiera.
El cambio de sede, aprobado en tiempo récord por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, fue interpretado como un intento de la AFA de quedar bajo jurisdicción provincial y evitar el control nacional. El inspector general de la IGJ, Daniel Roque Vítolo, calificó el nuevo domicilio como "falso" y aseguró que "nuestros inspectores han ido y no hay nada" en la dirección declarada. A pesar de la mudanza, Vítolo afirmó que la IGJ mantiene el poder de policía sobre la AFA.
En respuesta, la AFA emitió un comunicado en el que rechazó la veeduría, calificándola de "ilegítima" y motivada por "fines políticos ajenos a la ley". La entidad presidida por Claudio "Chiqui" Tapia anunció que recurrirá a la Justicia para desestimar la medida, incluso llegando a la Corte Suprema si fuera necesario. "No será sometido a veeduría ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados", sostuvo la AFA, que además vinculó la medida con un intento de imponer las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y debilitar la autonomía de los clubes.
El trasfondo del conflicto incluye la falta de respuesta de la AFA a reiterados pedidos de información financiera por parte de la IGJ, que busca auditar balances, la creación de la Universidad de la AFA y las relaciones comerciales de la entidad. La AFA, por su parte, argumenta que los balances fueron presentados en tiempo y forma y que la medida es una "operación política".
El caso recuerda antecedentes como la intervención al instituto presidido por Patricia Bullrich, que fue anulada judicialmente. El conflicto anticipa una prolongada batalla legal y profundiza la tensión entre el gobierno nacional, la AFA y los actores del fútbol argentino, en un contexto de debate sobre la privatización y el modelo de gestión de los clubes.
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