El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, desencadenó una serie de amenazas e intimidaciones dirigidas al presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, en su ciudad natal de Santa Fe.

La noche posterior al fallo, aparecieron pintadas intimidatorias cerca del domicilio de Rosatti con la leyenda “Rosatti ojo”, lo que motivó el refuerzo de su custodia y la apertura de una investigación federal. Una vecina aportó imágenes y videos que permitieron identificar a Roberto Mauricio Acosta como presunto autor de los grafitis. En el allanamiento a su vivienda, la policía secuestró objetos vinculados al PJ y a la expresidenta, así como teléfonos celulares y ropa coincidente con la de las imágenes. Acosta fue detenido, pero recuperó la libertad horas después, aunque la causa por intimidación pública sigue abierta.

El episodio generó un inmediato y enérgico repudio por parte de la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales, la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) y miembros del Consejo de la Magistratura, quienes advirtieron sobre la gravedad de la violencia institucional y la necesidad de preservar la independencia judicial. “No es posible alcanzar la unidad nacional ni el progreso de los argentinos por medio de la violencia y la intolerancia”, señalaron en un comunicado, instando a todos los actores políticos y sociales a promover la cultura de la paz y el respeto a la división de poderes.

En paralelo, el fallo de la Corte y sus consecuencias reavivaron el debate político en Santa Fe. El gobernador Maximiliano Pullaro aprovechó el contexto para impulsar la iniciativa “Ficha Limpia”, orientada a reforzar la transparencia y combatir la impunidad en la provincia. Desde el PJ y sectores sindicales, en cambio, se denunció una ofensiva judicial y política, advirtiendo sobre el riesgo de persecución y la necesidad de defender los derechos democráticos y laborales.

El caso sigue bajo investigación federal, mientras el clima político y social permanece tenso y polarizado, con llamados a la reflexión ética y al fortalecimiento de las instituciones democráticas.