Ariel Omar Pérez, conocido como "Guascazo", fue condenado este viernes a prisión perpetua por el femicidio de su expareja Yanina Pérez, ocurrido en febrero de 2024 en el departamento de Angaco, San Juan. El fallo, dictado por el tribunal integrado por Flavia Allende, Gerardo Fernández Caussi y Federico Rodríguez, se produjo tras un juicio abreviado en el que Pérez mostró una actitud desafiante y violenta, interrumpiendo la audiencia en reiteradas ocasiones y negándose a escuchar las pruebas en su contra.

El crimen tuvo lugar en la puerta del cementerio de Angaco, donde Yanina Pérez trabajaba como empleada municipal. Según testigos, el acusado la apuñaló ocho veces y luego huyó, permaneciendo prófugo durante varios días. La investigación reveló que Pérez tenía antecedentes de violencia, incluyendo amenazas y ataques previos a otras exparejas, lo que agravó la calificación del delito.

Durante el juicio, Pérez confesó abiertamente el asesinato y declaró ante el tribunal: "Sí, la maté y lo volvería a hacer 50 mil veces", una frase que generó conmoción entre los presentes y fue replicada por los principales medios nacionales. El tribunal unificó la condena con una pena previa por amenazas agravadas, asegurando que el acusado no obtenga ningún beneficio hasta cumplir la totalidad de la pena.

La familia de la víctima, especialmente sus hijos, manifestó su dolor y rechazo ante la actitud del acusado. Melina Gómez, hija de Yanina, expresó: "Me queda el alivio de recordarla y saber que no va a causarle daño a nadie más". El fiscal Francisco Micheltorena, al concluir su exposición, pidió la condena máxima en nombre de la víctima y de las mujeres que buscan vivir en libertad y respeto.

El caso se inscribe en el contexto de violencia de género y femicidios en Argentina, generando debate sobre la protección de las víctimas y la respuesta judicial ante estos crímenes. La condena fue celebrada por familiares y organizaciones que luchan contra la violencia de género, mientras que la actitud desafiante de Pérez durante el proceso judicial fue considerada un obstáculo, aunque no modificó la sentencia ni los derechos de la familia de la víctima. El fallo marca un precedente en la lucha contra la impunidad en casos de violencia de género.