A un año del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, la causa judicial por presunta estafa sigue sin avances significativos en Argentina. El 14 de febrero de 2025, el presidente Javier Milei publicó en redes sociales un mensaje promocionando $LIBRA, lo que provocó una compra masiva por parte de 44.000 personas. Horas después, el valor del activo digital se desplomó más de un 85%, generando pérdidas millonarias entre los inversores.

La investigación, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano, aún no ha citado a indagatoria a los imputados, entre los que se encuentran Milei, su hermana Karina Milei, y empresarios vinculados al proyecto. La Cámara Federal porteña exhortó a acelerar el trámite del expediente, mientras la querella reconstruyó la trazabilidad de los fondos y exige avances judiciales. "La etapa de pruebas se está extendiendo más de lo necesario", afirmó Martín Romeo, uno de los damnificados.

El Congreso creó una comisión investigadora que concluyó que Milei "utilizó la investidura presidencial" y su entorno facilitó el acceso de los involucrados. El informe final fue remitido a la Justicia, recomendando evaluar un eventual juicio político. En paralelo, existen medidas patrimoniales y embargos sobre los principales acusados, aunque algunos han perdido fuerza con el paso del tiempo.

El caso $Libra repite la lógica de proyectos previos impulsados por Milei, como CoinX y $KIP, que también terminaron en denuncias por estafa. El presidente sostiene que solo difundió el proyecto y que se trató de un "problema entre privados". Sin embargo, la comisión investigadora considera que hubo una colaboración imprescindible del mandatario.

En Estados Unidos, también se abrió una causa por la presunta estafa, y dos ciudadanos bielorrusos buscan ser aceptados como querellantes tras perder más de dos millones de dólares. El expediente judicial permanece en fase de instrucción, sin avances sustanciales, mientras la querella y los damnificados exigen definiciones y critican la falta de progreso. El caso sigue generando impacto político y mediático, y la Justicia argentina deberá resolver los próximos pasos en una investigación que conserva relevancia nacional e internacional.