La tasa de desempleo en Argentina alcanzó el 7,9% en el primer trimestre de 2025, según datos del Indec, marcando un incremento respecto al 7,4% del año anterior y al 6,4% del último trimestre de 2024. Este aumento se da en un contexto de ajuste económico y alta inflación, donde la creación de empleo no logra compensar el crecimiento de la población económicamente activa ni la demanda de trabajo.

El informe oficial revela que, aunque el empleo total creció un 2% en el período, la mayoría de los nuevos puestos son informales o cuentapropistas no registrados. La informalidad laboral trepó al 36,3%, afectando a unos 10 millones de trabajadores que, si bien tienen empleo, no cuentan con los beneficios ni la estabilidad del trabajo formal. "La moda ahora es la informalidad", señalan analistas, destacando que el pluriempleo y la búsqueda de más horas de trabajo se han vuelto estrategias habituales para llegar a fin de mes.

El impacto del desempleo es desigual según la región. En el Gran Buenos Aires, la tasa llegó al 9,1%, y en el conurbano al 9,7%, concentrando casi la mitad de los desocupados del país. En Rosario, la desocupación subió al 7,1%, mientras que en Santa Fe bajó al 4,2%. Mar del Plata registró un 6%, con una leve suba interanual pero una baja respecto al trimestre anterior.

El deterioro de la calidad laboral es una preocupación central. El empleo formal se mantiene estable, pero los salarios públicos han perdido poder adquisitivo y los privados no muestran mejoras significativas. El salario real formal subió apenas un 2% en el período, frente a una inflación del 175%. Además, el desempleo golpea con mayor fuerza a jóvenes y mujeres, especialmente en el conurbano bonaerense y Rosario.

Analistas y consultoras advierten que el mercado laboral argentino enfrenta un proceso de precarización creciente, donde la estabilidad y la calidad del empleo son cada vez más difíciles de alcanzar. El gobierno reconoce la urgencia de mejorar la calidad de los puestos de trabajo y señala la necesidad de reformas estructurales para atraer inversiones y modernizar la legislación laboral. Mientras tanto, sindicatos y organizaciones sociales reclaman políticas activas para reducir la informalidad y proteger a los sectores más vulnerables, en un escenario donde el empleo existe, pero no siempre permite prosperar.