La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición inmediata de la comercialización, uso, distribución y publicidad de una amplia gama de productos de limpieza de la marca Swell, fabricados por Grupo Jac S.A., tras detectar graves irregularidades en registros y rotulados. La medida, formalizada en la Disposición 9039/2025 y publicada en el Boletín Oficial, se tomó luego de una inspección en la planta de la empresa ubicada en Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires.

Durante la inspección, el organismo constató la existencia de productos sin registro sanitario, otros con registros "en trámite" o inconsistentes, y rótulos que no coincidían con los aprobados. Entre los artículos afectados se encuentran lavandinas, detergentes, desinfectantes, suavizantes, geles clorados, desengrasantes y quita sarro, todos bajo la marca Swell. Parte de estos productos ya se encontraba en circulación en supermercados y comercios de todo el país.

La ANMAT resolvió inhabilitar temporalmente a Grupo Jac S.A. para la elaboración, fraccionamiento, importación y exportación de productos domisanitarios. Además, inició un sumario sanitario contra la empresa y su director técnico, José María Rizzi, por presuntos incumplimientos a la normativa vigente. "La falta de registros correspondientes implica que se desconocen las condiciones de manufactura y la empresa responsable, por lo que no se puede garantizar la seguridad y eficacia de los productos en cuestión", advirtió el organismo en un comunicado.

La autoridad sanitaria recordó a la población la importancia de adquirir y utilizar únicamente productos que cuenten con la habilitación de ANMAT, para evitar riesgos a la salud. Asimismo, recomendó a quienes hayan adquirido productos Swell que suspendan su uso y consulten a las autoridades sanitarias ante cualquier duda.

La medida se enmarca en la política de control y fiscalización de productos domisanitarios, que exige registro, aprobación de etiquetado y controles estrictos para garantizar la seguridad de los consumidores. El caso pone de relieve la necesidad de mantener la vigilancia sobre la calidad y legalidad de los productos de uso cotidiano, y anticipa posibles sanciones adicionales en caso de comprobarse responsabilidades mayores.