La Asamblea Legislativa de Santa Fe aprobó este jueves los pliegos de 39 fiscales subrogantes que se incorporarán al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en distintas circunscripciones de la provincia. Este proceso, que incluyó entrevistas previas y dictámenes de la Comisión de Acuerdos, se desarrolló en un contexto de debates sobre la independencia judicial y la implementación de un nuevo Consejo de la Magistratura.

De los fiscales designados, 22 desempeñarán funciones en Rosario, mientras que el resto se distribuirá en Venado Tuerto, Reconquista, Rafaela y Santa Fe. La vicegobernadora Gisela Scaglia presidió la sesión conjunta de Senadores y Diputados, donde se ratificaron las designaciones con amplio consenso, aunque no exentas de controversias. Los legisladores del Frente Amplio por la Soberanía se abstuvieron de votar, argumentando que el decreto 659/24 del gobernador Maximiliano Pullaro, que regula el Consejo de la Magistratura, afecta la transparencia y el mérito en los nombramientos.

En paralelo, la Asamblea rechazó de forma unánime el recurso de inconstitucionalidad presentado por el exfiscal Aldo Gerosa, quien había sido destituido en marzo por mal desempeño en casos de abuso sexual. Esta decisión reafirma la postura de las Cámaras sobre la necesidad de garantizar la responsabilidad y el control en el sistema judicial.

La fiscal general del MPA, María Cecilia Vranicich, presentó su informe anual ante la Legislatura, destacando avances en la persecución penal y solicitando mayor autonomía institucional para el organismo. Según Vranicich, la implementación de un modelo de priorización estratégica ha permitido enfocar recursos en delitos de alta lesividad, como narcotráfico y corrupción, logrando una reducción significativa en los índices de homicidios en Rosario.

Sin embargo, la figura de los fiscales subrogantes ha generado críticas. El Colegio de Magistrados y el Sindicato de Empleados Judiciales señalaron que esta práctica, aunque necesaria para cubrir vacantes temporales, genera precariedad e independencia limitada. Ambos organismos abogaron por designaciones definitivas que fortalezcan la estabilidad del sistema judicial.

El gobernador Pullaro, junto a su equipo de Seguridad y Justicia, ha impulsado reformas legislativas que dotaron al MPA de mayores herramientas operativas. Estas medidas, respaldadas por un amplio espectro político, buscan consolidar un sistema de justicia más eficiente y autónomo. No obstante, persisten desafíos en la implementación de estas reformas y en la evaluación de su impacto a largo plazo.

Con la incorporación de los nuevos fiscales, se espera que el MPA continúe avanzando en la transformación de la justicia penal en Santa Fe, enfrentando los retos de un sistema judicial en constante evolución.