“Me considero un preso político”
• Detienen en Jujuy a Franco Oscari, joven campesino, acusado de amenazar a la senadora Patricia Bullrich en redes sociales. Organizaciones denuncian persecución política y convocan movilizaciones por su liberación. #Jujuy #DerechosHumanos
Franco Oscari, joven campesino y militante del Movimiento Nacional Campesino Indígena, fue detenido el 24 de junio en Palma Sola, Jujuy, tras un operativo de la Policía Federal Argentina. La detención fue ordenada por el juez Ariel Lijo, a pedido del Ministerio de Seguridad, luego de que Oscari fuera acusado de amenazar de muerte a la senadora Patricia Bullrich a través de una publicación en redes sociales.
Según fuentes oficiales, la investigación se inició tras detectar mensajes amenazantes dirigidos a la senadora, lo que motivó tareas de inteligencia y el posterior allanamiento en la vivienda de Oscari, ubicada en el paraje Las Goteras. Durante el procedimiento, se secuestró un teléfono celular y el joven quedó a disposición judicial por el delito de amenazas.
La detención generó un amplio repudio por parte de organizaciones sociales, de derechos humanos y referentes políticos, quienes denunciaron persecución política y censura. "En la provincia sabemos de presos por tuitear, ahora esta situación de extrema gravedad que vincula a un joven de una organización que defiende la tierra y el territorio", expresó la diputada Natalia Morales. Por su parte, Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, sostuvo que "quieren usar el aparato del Estado para amordazar al pueblo y avanzar contra los campesinos".
Durante la jornada, se realizaron visitas al lugar de detención y se convocaron movilizaciones en Jujuy para exigir la liberación de Oscari y el cese de la persecución judicial. El caso ocurre en un contexto de creciente tensión por desalojos y luchas campesinas en la provincia, y reaviva el debate sobre los límites de la libertad de expresión y el accionar estatal ante amenazas a funcionarios públicos.
Mientras el gobierno defiende el accionar policial y judicial ante una amenaza concreta, organizaciones sociales insisten en que se trata de un caso de represión y criminalización de la protesta. El desenlace del caso podría tener implicancias en la discusión sobre derechos democráticos y garantías constitucionales en el país.
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Fuentes
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