Un escándalo de corrupción ha sacudido a la policía de Rosario, donde 13 agentes, incluidos altos mandos, y 4 civiles han sido imputados por un esquema de desvío de fondos destinados al combustible de patrulleros. Según la investigación liderada por el fiscal José Luis Caterina, las maniobras fraudulentas incluyeron sobrefacturación y cargas ficticias, generando un perjuicio mensual estimado en 45 millones de pesos durante los últimos 10 meses.

El esquema operaba mediante el uso indebido de tarjetas de débito asignadas a los patrulleros, conocidas como "Visa Flota", que eran concentradas por los responsables del combustible en lugar de permanecer en los vehículos. Estas tarjetas se utilizaban para registrar operaciones fraudulentas, como cargas de combustible inexistentes o sobrefacturadas. Civiles vinculados a una estación de servicio en Ovidio Lagos al 3900 colaboraban en la emisión de facturas falsas y en la entrega de dinero en efectivo a los policías involucrados.

Entre los imputados se encuentran altos mandos como el comisario Gerardo Ramírez, jefe del Garaje de la Unidad Regional II, y el comisario Rodrigo Domínguez, jefe de la Secretaría Privada de la misma unidad. También están implicados otros agentes de diversas divisiones, así como civiles relacionados con la estación de servicio, quienes habrían facilitado las maniobras fraudulentas.

La investigación comenzó en julio de 2024 tras una denuncia anónima y se fortaleció con pruebas como intervenciones telefónicas, registros GPS y documentación apócrifa. En los allanamientos realizados, se encontraron posnets, rollos de facturación y grandes sumas de dinero en efectivo en los domicilios de los imputados. Además, se detectaron patrulleros fuera de servicio que figuraban como activos en las cargas de combustible, lo que evidenció la magnitud del fraude.

El gobierno provincial ha intervenido la Unidad Regional II y desplazado a su jefe, Daniel Acosta, aunque este no figura entre los imputados. La sociedad rosarina ha expresado su indignación ante este nuevo caso de corrupción en una fuerza clave para la seguridad pública. Mientras tanto, el fiscal Caterina ha solicitado prisión preventiva para la mayoría de los imputados, y se espera que la investigación continúe, con la posibilidad de que el número de acusados aumente tras el análisis de los celulares incautados.

Este caso pone nuevamente en el centro del debate la necesidad de una reforma profunda en las fuerzas de seguridad, especialmente en una ciudad como Rosario, que enfrenta altos índices de criminalidad y violencia. Las autoridades provinciales han prometido medidas contundentes para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.