La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena de tres meses de prisión en suspenso para Estela del Valle Juárez, una docente y sindicalista de Chubut, por su participación en un corte de ruta durante una protesta salarial en 2019. La decisión del máximo tribunal ratifica el fallo emitido en 2023 por la jueza federal Marta Yañez, quien consideró que, aunque el reclamo era legítimo, no podía afectar derechos fundamentales como la libre circulación.

El hecho ocurrió el 24 de septiembre de 2019, cuando Juárez, junto a un grupo de manifestantes, bloqueó el tránsito en el kilómetro 133 de la Ruta Nacional 26. La interrupción afectó durante varias horas la circulación de vehículos particulares y de carga, generando un impacto significativo en la región. La protesta se enmarcó en un conflicto salarial que incluyó 17 semanas de paro docente en Chubut, con graves consecuencias para el sistema educativo.

La defensa de Juárez presentó múltiples apelaciones, argumentando que la condena criminaliza la protesta social y vulnera derechos constitucionales. Sin embargo, tanto la Cámara Federal de Casación Penal como la Corte Suprema rechazaron los recursos, señalando que no cumplían con los requisitos formales establecidos.

El fallo de la Corte Suprema ha generado un debate sobre los límites de la protesta social y los derechos de los ciudadanos. Mientras algunos sectores consideran que la sentencia es un avance en la protección de derechos fundamentales como la libre circulación, otros la ven como un intento de deslegitimar las luchas sociales.

El conflicto docente en Chubut, que se extendió por meses, dejó profundas secuelas en la provincia. Los estudiantes perdieron prácticamente todo el segundo semestre de 2019, y la situación se agravó con la llegada de la pandemia en 2020. A pesar de los acuerdos alcanzados a finales de 2019, las tensiones entre el gobierno provincial y los gremios docentes persisten.

Este caso pone de relieve la necesidad de encontrar un equilibrio entre el derecho a la protesta y la garantía de otros derechos fundamentales, un desafío que sigue siendo objeto de discusión en la sociedad argentina.