Un operativo de Gendarmería Nacional realizado el 28 de marzo de 2025 en la Ruta Nacional 11, a la altura del paraje El Timbó, en el norte de Santa Fe, derivó en el hallazgo de $357 millones ocultos en un Toyota Corolla Cross. El vehículo, que provenía de Resistencia (Chaco) y tenía como destino la Ciudad de Buenos Aires, fue detenido durante un control de rutina. Los agentes detectaron irregularidades en los plásticos cercanos a la palanca de cambios, lo que motivó una inspección más exhaustiva.

Durante la requisa, el conductor, identificado como F.E.V., solicitó a los uniformados que no dañaran el vehículo y se ofreció a mostrar cómo desmontar los paneles. Al hacerlo, quedaron al descubierto varios compartimientos ocultos donde se encontraban fajos de dinero distribuidos detrás de la salida del aire acondicionado, el sistema de sonido, debajo del volante, la guantera y la zona de la palanca de cambios. En total, se secuestraron $357.210.000.

La investigación, a cargo del fiscal Roberto Salum y el auxiliar fiscal Bruno Ojeda de la Sede Fiscal Descentralizada de Reconquista, determinó que el traslado del dinero no era un hecho aislado. Según la fiscalía, el conductor formaba parte de una estructura organizada junto a otros tres implicados y una empresa de Resistencia dedicada a la venta de repuestos para autos y motos. El vehículo pertenecía a uno de los socios de la firma y había sido acondicionado especialmente para ocultar grandes sumas de dinero y evitar su detección en controles de seguridad.

Durante el procedimiento, se halló en poder del conductor una "autorización para el uso de automóvil y administración de dinero" con certificación notarial, que habilitaba el transporte de hasta $800 millones. Para los investigadores, este documento funcionaba como una cobertura ante la posibilidad de ser detectados.

El análisis de registros de tránsito reveló que el vehículo realizaba viajes frecuentes a provincias como Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, movimientos que no se correspondían con la actividad comercial declarada por la empresa. Un allanamiento en la sede de la firma en Resistencia permitió secuestrar $8 millones, máquinas contadoras de billetes y documentación financiera, reforzando la hipótesis de una operatoria financiera clandestina.

El juez federal Aldo Mario Alurralde formalizó la imputación contra cuatro personas y la empresa por lavado de activos e intermediación financiera no autorizada, y dispuso un embargo de $2.000 millones, la prohibición de salida del país y el congelamiento de cuentas bancarias y cajas de seguridad. El magistrado otorgó un plazo de un año para la investigación, dada la complejidad del caso y la multiplicidad de jurisdicciones involucradas.

El caso pone en evidencia la existencia de redes organizadas para el traslado y blanqueo de fondos de origen ilícito, y plantea interrogantes sobre la efectividad de los controles y la magnitud de la intermediación financiera ilegal en el país. Las autoridades continúan con las pesquisas para determinar el alcance total de la maniobra y las responsabilidades penales de los implicados.