El gobierno argentino atraviesa una de sus semanas más críticas tras la revelación de un presunto esquema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucra a funcionarios cercanos al presidente Javier Milei y a su entorno político. La investigación judicial, encabezada por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, se aceleró con allanamientos en el conurbano bonaerense y la detención de Diego Spagnuolo, exdirector de la agencia, quien fue encontrado en un country de Pilar con grandes sumas de dinero en efectivo y documentación relevante para la causa.

Los audios atribuidos a Spagnuolo, difundidos por el periodista Mauro Federico, describen un sistema de pedidos de coimas en la compra de medicamentos para personas con discapacidad, involucrando a operadores políticos como Lule Menem y mencionando a Karina Milei. El escándalo golpea directamente la narrativa de transparencia que el gobierno de Milei había intentado sostener, especialmente en un área sensible como la asistencia social.

La reacción oficial fue inicialmente de silencio, aunque el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, declaró que el gobierno está "tranquilo". Sin embargo, fuentes internas reconocen una profunda preocupación por el impacto judicial y mediático del caso, que se suma a una serie de derrotas legislativas y tensiones internas en La Libertad Avanza. La pérdida de aliados y la fragmentación del bloque oficialista en el Congreso han debilitado la capacidad del gobierno para controlar la agenda parlamentaria, en un contexto de alta volatilidad económica y caída del consumo.

El escándalo de la ANDIS se inscribe en una serie de crisis de gestión y episodios de corrupción que han afectado al oficialismo en los últimos meses, como el caso $LIBRA y la tragedia del fentanilo contaminado. La campaña electoral, marcada por el lema "kirchnerismo nunca más", enfrenta ahora el desafío de diferenciarse de gestiones anteriores y recuperar la confianza de sectores clave del electorado.

La oposición y sectores internos del oficialismo exigen medidas profundas y una reorganización del gabinete, mientras la Justicia avanza en el análisis de dispositivos electrónicos y documentación secuestrada. El futuro político de Milei y su capacidad para relanzar la gestión tras las elecciones de octubre quedan en entredicho, en medio de una crisis que amenaza con tener consecuencias duraderas para la administración libertaria.