La Cámara de Diputados vivió una sesión cargada de tensión política en la madrugada del jueves, cuando se votó el proyecto para coparticipar el impuesto a los combustibles, una iniciativa impulsada originalmente por los gobernadores provinciales. Pese a contar con media sanción del Senado y el respaldo inicial de varios mandatarios, la propuesta no logró convertirse en ley debido a la falta de la mayoría absoluta requerida.

El resultado de la votación fue de 126 votos afirmativos, 7 negativos y 5 abstenciones, quedando tres votos por debajo de los 129 necesarios según la interpretación constitucional impuesta por Martín Menem, presidente de la Cámara. Menem fundamentó su decisión en el artículo 75 inciso 3 de la Constitución Nacional, que exige mayoría absoluta para modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables. Esta interpretación fue objetada por Germán Martínez (Unión por la Patria) y Nicolás Massot (Encuentro Federal), quienes argumentaron que no era necesaria una mayoría especial para devolver fondos a las provincias. Sin embargo, Menem se mantuvo firme y procedió con la votación bajo su criterio.

La sesión estuvo marcada por ausencias notorias de diputados que responden a gobernadores de provincias como Córdoba, Tucumán, Salta, Mendoza, Chaco, Entre Ríos y otras, lo que resultó determinante para el fracaso del proyecto. La Coalición Cívica, por su parte, votó en contra o se ausentó, mientras que los diputados de izquierda optaron por la abstención. El bloque peronista apoyó la iniciativa casi en soledad, mientras otros sectores opositores se retiraron del recinto en un intento de hacer caer el quórum.

El proyecto contemplaba que solo el 14% de la recaudación del impuesto quedara en el Tesoro nacional, destinando el 57,2% a las provincias y el 28,9% a la ANSES. Esta modificación era vista como clave para mejorar la distribución de fondos entre las jurisdicciones, especialmente en un contexto de creciente tensión fiscal entre Nación y provincias.

El rechazo de la ley expone las fracturas internas entre los gobernadores y sus representantes legislativos, así como las dificultades para alcanzar consensos en un Congreso profundamente fragmentado. El resultado de la votación marca un precedente para futuras negociaciones, especialmente en el marco del debate por el Presupuesto 2026 y la reforma de la ley de DNU, temas que seguirán generando controversia en la agenda política nacional.