El hallazgo de los cuerpos calcinados de Adriana Miriam Velázquez y su hija Mariana Belén Bustos en una vivienda del barrio Thompson, Bahía Blanca, ha generado conmoción y movilización social. El hecho ocurrió en la noche del martes, cuando Mariana llegó a la casa de su madre para retirar pertenencias, según relataron fuentes policiales y familiares. Poco después, un incendio consumió la vivienda y ambas fueron encontradas sin vida en el mismo dormitorio.

La investigación, a cargo del fiscal Jorge Viego, derivó en la detención de un familiar de las víctimas, identificado como Maximiliano Velázquez, primo de Adriana y tío de Mariana. El operativo se realizó en el paraje Calderón, en las afueras de la ciudad, ante la sospecha de que el hombre intentara fugarse. Durante el allanamiento, se incautó una moto roja, similar a la vista por vecinos en la escena del crimen. "Hubo casi una hora entre el ruido de un disparo y que se fue el motociclista", declaró un vecino, aunque la policía no halló vainas ni casquillos en el lugar.

El informe preliminar de la autopsia no permitió determinar la causa de muerte debido al estado de los cuerpos, por lo que se esperan estudios complementarios la próxima semana. El hijo y hermano de las víctimas, Leandro Bustos, denunció amenazas previas y ataques, y expresó: "Estoy convencido de que esto es un doble femicidio. Espero que se esclarezca, que no se haga la vista gorda ante algunos hechos".

El caso ha generado la reacción de organizaciones feministas, que exigen una investigación con perspectiva de género y señalan la falta de políticas preventivas en Bahía Blanca, donde solo existe un refugio para mujeres en una ciudad de más de 350 mil habitantes. El contexto nacional, marcado por discursos negacionistas y recortes en políticas de género, agrava la situación y motiva el reclamo de justicia y protección para las víctimas de violencia.

La investigación continúa, mientras la ciudad permanece en estado de alerta y movilización, a la espera de avances que permitan esclarecer el crimen y determinar responsabilidades. El caso pone en evidencia la urgencia de fortalecer las políticas de prevención y atención a la violencia de género en la región y el país.