La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Mendoza aceptó este martes la propuesta salarial del Gobierno provincial, que consiste en un aumento del 10% en dos tramos: 7% en marzo y 3% en mayo, calculados sobre la base de diciembre de 2025. Con esta decisión, ya son 13 los sectores gremiales que han acordado con el Ejecutivo, incluyendo docentes, judiciales y empleados de la administración central.

La aceptación de la oferta se produjo tras un plebiscito entre los afiliados de ATE, quienes respaldaron mayoritariamente la propuesta. El acuerdo contempla además la apertura de mesas técnicas en los próximos 30 días para discutir mejoras específicas para cada sector. Desde ATE, la secretaria gremial Adriana Iranzo destacó que "esto se pudo lograr gracias a la lucha que dieron los trabajadores y todos los dirigentes de ATE".

Sin embargo, el panorama no es uniforme en el sector público mendocino. El gremio de profesionales de la salud, AMPROS, rechazó la oferta y denunció ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) prácticas que consideran desleales por parte del Gobierno provincial. Claudia Iturbe, secretaria general de AMPROS, afirmó que "la paritaria para nosotros no es más que un decreto encubierto" y que el aumento propuesto "representa un kilo de carne mensual" para muchos trabajadores. Además, denunció que existen prestadores de salud que llevan más de seis años en condiciones laborales precarias.

AMPROS inició un plan de lucha con asambleas diarias en los hospitales y presentó una queja ante la OIT, que fue aceptada para su análisis. El gremio reclama una recomposición salarial del 40% perdido desde 2020 y cuestiona la falta de diálogo del Ejecutivo. Por su parte, el Gobierno provincial resalta el cierre de acuerdos con la mayoría de los gremios y sostiene que la propuesta busca recomponer los salarios frente a la inflación.

La situación evidencia la persistencia de tensiones entre el Gobierno de Mendoza y los gremios de la salud, en un contexto de negociaciones paritarias marcadas por la inflación y la demanda de mejores condiciones laborales. El desenlace del conflicto en el sector salud dependerá de las próximas instancias de diálogo y del análisis que realice la OIT sobre la denuncia presentada.