El gobierno de la provincia de Buenos Aires apartó de sus funciones a 24 altos mandos de la Policía Bonaerense, tras una investigación interna que se inició por una denuncia anónima. Los oficiales, pertenecientes principalmente a la Policía Ecológica, fueron acusados de realizar actividades políticas en favor del excomisario Maximiliano Bondarenko, recientemente oficializado como candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza (LLA) en la estratégica Tercera Sección Electoral.

La denuncia, recibida por la Dirección de Asuntos Internos, motivó auditorías y allanamientos en oficinas policiales, donde se encontraron pruebas como documentos partidarios y material digital que vinculaban a los efectivos con la campaña de Bondarenko. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que la desafectación de los policías se realizó por violar la ley orgánica de la fuerza, que prohíbe la participación política de sus miembros en actividad. "Usaban las oficinas y elementos del Estado para brindar apoyo a este candidato y diseñar medidas urgentes que dispondrían cierto nivel de intervención de la Policía, incluyéndolos a ellos como nuevos responsables de la institución, lo que sería un golpe al comando institucional", explicó Alonso.

La medida generó controversia y reacciones políticas. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, criticó duramente al gobernador Axel Kicillof, acusándolo de persecución política y de tomar partido "siempre a favor de los delincuentes". Por su parte, el gobierno provincial sostiene que la decisión responde a una falta grave contra la ley y que la investigación judicial determinará las responsabilidades penales de los involucrados.

Maximiliano Bondarenko, actual concejal de Florencio Varela y exintegrante de la fuerza, fue oficializado como candidato por LLA, en una región históricamente dominada por el peronismo. El caso se produce en un contexto de alta tensión política, con la seguridad como eje central del debate electoral y la relación entre política y fuerzas de seguridad bajo escrutinio. La investigación continúa y se espera que la justicia defina el alcance de las sanciones y posibles delitos cometidos.