El Senado argentino aprobó este jueves el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, consolidando un tratado que eliminará aranceles a más del 90% del comercio entre ambos bloques y creará la mayor zona de libre comercio del mundo en términos de población y volumen económico. La votación arrojó 69 votos a favor y tres en contra, situando a Argentina como el segundo país del Mercosur en ratificar el acuerdo, después de Uruguay.

El acuerdo, firmado en enero tras 25 años de negociaciones, cuenta con el respaldo de Alemania y España, aunque enfrenta oposición en Francia por el posible impacto en los sectores agropecuarios locales. En Sudamérica, el tratado fue celebrado por autoridades como el canciller uruguayo Mario Lubetkin, quien destacó el "extraordinario peso" de la implementación y la necesidad de adaptar las economías locales a las nuevas condiciones.

En paralelo, el Senado debatió la reforma a la Ley de Glaciares, sancionada en 2010, que busca flexibilizar la protección ambiental y permitir actividades industriales, como minería y exploración petrolera, en zonas periglaciales. El oficialismo, liderado por Javier Milei, impulsó la iniciativa, argumentando que la reforma permitirá a las provincias gestionar sus recursos naturales sin comprometer la protección ambiental. Gobernadores y senadores señalaron la importancia de un enfoque técnico y federal, con estudios científicos para evaluar el impacto ambiental.

Sin embargo, la reforma generó divisiones internas en bloques como el Pro, la UCR y el Justicialismo, y fue cuestionada por sectores del kirchnerismo y ambientalistas, quienes advierten sobre los riesgos de flexibilizar la protección de glaciares. En Diputados, se discuten propuestas alternativas, como la "gestión inteligente" basada en monitoreo satelital y auditorías externas.

El debate refleja las tensiones entre intereses económicos, ambientales y federales, y anticipa futuras discusiones sobre la implementación del acuerdo comercial y la gestión de recursos naturales. La ratificación del tratado y la reforma a la Ley de Glaciares marcan un punto de inflexión en la política argentina, con implicancias para el desarrollo económico y la protección ambiental.