El transporte público de colectivos en La Plata y el Área Metropolitana de Buenos Aires atraviesa una de sus peores crisis en años, con largas esperas, frecuencias reducidas y un creciente malestar entre los usuarios. Desde principios de abril, las empresas del sector han recortado hasta un 30% las frecuencias de los servicios, argumentando que la deuda estatal en concepto de subsidios supera los $95.000 a $120.000 millones y que el aumento del precio del gasoil ha hecho insostenible la operación diaria.

El Estado cubre actualmente el 65% del costo del boleto mediante subsidios, mientras que el 35% restante lo abonan los usuarios. Sin embargo, las empresas sostienen que los fondos transferidos por el Gobierno nacional y provincial resultan insuficientes frente a la inflación y el alza de los combustibles. Para evitar una parálisis total del sistema, la provincia de Buenos Aires decidió adelantar el 60% de los subsidios correspondientes al mes de abril, mientras que la Nación anunció un envío complementario de fondos y la convocatoria a nuevas reuniones con las cámaras empresarias.

El lunes 13 y martes 14 de abril se realizaron encuentros entre funcionarios y representantes del sector, en los que se discutieron alternativas para aliviar la situación en el corto plazo y se acordó la creación de mesas técnicas de trabajo. "Pedí reunirnos para escucharnos y analizar alternativas. La Provincia mantiene un reclamo desde hace dos años y medio por los fondos que Nación adeuda. Si esos recursos se transfirieran, se podrían aliviar muchos problemas, entre ellos el transporte", afirmó el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci. Por su parte, los empresarios insisten en que la estructura de costos es "insostenible" y que el diálogo, aunque necesario, no resuelve la urgencia de liquidez para operar.

Mientras tanto, los usuarios son los principales perjudicados. Las paradas se ven colmadas, las unidades viajan repletas y las demoras obligan a muchos a salir con mayor antelación o a llegar tarde a sus compromisos laborales y educativos. "Ya no es solo esperar el micro, es rezar para que cuando pase no venga tan lleno que no pare", relató una usuaria en Plaza Italia, reflejando el sentimiento generalizado de agotamiento.

El conflicto, que ya lleva dos semanas, amenaza con agravarse si no se encuentra una solución estructural. Las próximas reuniones entre el Gobierno y las cámaras empresarias serán clave para definir el futuro del sistema y evitar una parálisis total que afectaría a millones de bonaerenses.